La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se trasladó este martes a Chilapa, Guerrero, acompañada de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional para intervenir en una grave crisis de violencia que ha provocado desplazamientos masivos, bloqueos carreteros y múltiples heridos en la región.
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó personalmente la intervención federal después de que autoridades reportaran tres poblados afectados y bloqueos en distintos puntos del municipio de 120 mil habitantes. "Primero que nada hay que preservar la vida de las personas", declaró la mandataria, explicando que el gobierno busca evitar un enfrentamiento que pueda afectar a civiles.
La crisis deriva de la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos, dos organizaciones criminales con presencia histórica en Guerrero, según confirmaron las autoridades federales. El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, estableció diálogo con líderes de ambos grupos para plantearles la "necesidad y urgencia" de recuperar la paz y permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas.
Pobladores indígenas de las comunidades de Cula, Cauca y Chicotal difundieron videos en redes sociales denunciando ataques con armas de alto calibre, drones, quema de viviendas y desplazamiento forzado. "Continúan los disparos de armas de alto calibre y los ataques con drones sobre nuestras comunidades", relató uno de los afectados pidiendo intervención federal inmediata.
En grabaciones que circularon ampliamente, mujeres y niños refugiados llegaron a solicitar apoyo al gobierno estadounidense. "Donald Trump, ayúdanos, mándanos helicópteros para que nos salven", expresó una mujer con rostro cubierto, quien aseguró que los criminales estaban cerca, quemando casas y obligando a las familias a esconderse en condiciones precarias.
Las autoridades federales confirmaron que tres personas heridas ya fueron trasladadas al hospital de Chilpancingo, capital del estado, mientras otras tres estaban en proceso de evacuación. La región de Chilapa, habitada por comunidades indígenas nahuas, arrastra desde hace años una crisis de violencia, desplazamientos y denuncias de ataques contra policías comunitarias.
