La Cámara de Diputados aprobó el martes pasado la Ley General en materia de Extorsión, con un resultado de 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención. La nueva legislación impone penas de hasta 42 años de prisión por el delito de extorsión y modifica el Código Penal Federal, así como leyes sobre delincuencia organizada. El proyecto fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La extorsión ha escalado significativamente como delito en México durante los últimos años, particularmente ligada a operaciones de crimen organizado que buscan captura de recursos en sectores como transportes, comercio y empresarialidad pequeña. El gobierno federal, bajo presión de diversos sectores, impulsó esta iniciativa legal para crear un marco punitivo más robusto. La aprobación casi unánime en la Cámara refleja consenso legislativo sobre la necesidad de combatir este delito.
La nueva ley establece incrementos punitivos significativos respecto a marcos anteriores: hasta 42 años de prisión para extorsión agravada; modificaciones al Código Penal Federal Nacional y al Código Nacional de Procedimientos Penales; reformas a leyes contra delincuencia organizada; y cambios al régimen de delitos relacionados con aprovechamiento de dominio y competencia del Poder Judicial de la Federación. El proyecto fue validado tras que el Senado introdujera modificaciones que finalmente fueron aprobadas por los diputados.
Aunque la aprobación fue mayoritaria, algunos diputados de oposición argumentaron que la ley requería mayores precisiones sobre definiciones de extorsión y diferenciación de tipificaciones. Sin embargo, la urgencia legislativa sobre el tema permitió que prevaleciera la necesidad de acelerar la norma. Sectores empresariales y de transporte han pedido además medidas complementarias de seguridad en carreteras.
La nueva ley se suma a un arsenal de reformas penales impulsadas por el gobierno de Sheinbaum para combatir delincuencia organizada. Su entrada en vigor es inminente tras publicación en el DOF. Expertos advierten que será necesario acompañar la legislación con estrategias de investigación y persecución efectivas en ministerios públicos.
