La Corte respaldó la constitucionalidad del Código Penal de Nayarit en su artículo 306, que impone penas de cárcel a los deudores alimentarios. Esta medida tiene como objetivo proteger la subsistencia y la vida digna de las personas, ante la negativa de algunos deudores alimentarios a cumplir con sus responsabilidades.
El proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel se basó en un estudio con perspectiva de género, ya que se reconoce que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias afecta principalmente a las mujeres y a sus hijos e hijas. Los alimentos son fundamentales para proteger los derechos de los niños, ya que garantizan su subsistencia, desarrollo y crecimiento adecuado.
Es importante mencionar que el 23 de mayo se publicó la reforma constitucional conocida como \"reforma 3 de 3\", que prohíbe a los deudores alimentarios acceder a cargos de elección popular o desempeñarse en el servicio público.
Sin embargo, la Corte declaró inconstitucional una parte del artículo 306 del Código Penal de Nayarit que establece la pérdida de la patria potestad en casos de reincidencia, ya que esto privaría a los menores de vivir en familia y mantener relaciones con sus padres.
Además, se invalidó una porción de la misma norma para aclarar que los deudores alimentarios sancionados serán incluidos de inmediato en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Nayarit.
Esta resolución de la SCJN busca promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar la protección de los derechos de los beneficiarios, especialmente de las mujeres y niños que se ven afectados por la falta de pago de la pensión alimenticia.
