Detecta ASEN 90 mdp irregulares a Mirtha Villalvazo en Bahía de Banderas

Se detectaron, además, pagos de asesorías sin entregables o evidencias de actividades laborales, documentación de gastos no remitida para su revisión y contratos en comodato improcedentes. Asimismo, se evidenció el pago de compensaciones extraordinarias sin justificación y el no recuperar adeudos del ejercicio auditado, lo que se traduce en un mal manejo de los recursos.

Otra irregularidad grave es el suministro de combustible sin justificación ni evidencia de que fue utilizado para fines institucionales, con un monto que asciende a más de 25 millones de pesos. Y se señala también la existencia de servidores públicos del Ayuntamiento que ostentan una doble plaza, un conflicto que puede ser grave en términos éticos y legales.

En cuanto a la obra pública, se encontraron falsificaciones de documentos importantes, como la Opinión 32-D del IMSS, que demuestra que la empresa estuvo al corriente de sus obligaciones del seguro social con sus trabajadores al momento de celebrar el contrato. Además, se registraron arrendamientos irregulares de maquinaria y conflictos de interés entre empresas que participaron en un mismo proceso de adjudicación.

En el aspecto del desempeño, se observa que los recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) no beneficiaron directamente a la población en pobreza extrema o a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, lo que representa una desatención de los sectores más vulnerables.

Además, no se cumplió con la implementación de la Ley de Archivo y no se integró ni instaló el Consejo Ciudadano de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, lo que deja en evidencia una falta de compromiso con los derechos humanos y la transparencia institucional.

En resumen, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas enfrenta una serie de irregularidades financieras, en obra pública y en su desempeño como administración pública, que deben ser investigadas y resueltas con la mayor transparencia y diligencia posible. Es responsabilidad de las autoridades municipales y estatales actuar con prontitud para garantizar el buen uso de los recursos públicos y recuperar la confianza de la ciudadanía.