Durante el tercer periodo extraordinario de sesiones, las y los diputados de la Trigésima Tercera Legislatura tomaron una decisión importante con respecto a la ratificación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. El magistrado Miguel Ahumada Valenzuela presentó una comunicación por escrito expresando su falta de interés en ser evaluado para una eventual ratificación, mientras que el magistrado Roberto Arturo Herrera López no respondió al requerimiento. Ambos quedan en el supuesto de no aspirar a la ratificación y concluirán su encomienda en septiembre de este año.
Por su parte, la entonces magistrada Rocío Esther González García, actual Secretaria General de Gobierno, presentó su renuncia al cargo. Con la no ratificación de estos tres magistrados, se generan tres vacantes en el Tribunal Superior de Justicia, las cuales deberán ser ocupadas en septiembre próximo. El procedimiento de evaluación del desempeño de los magistrados del Poder Judicial está previsto en la Constitución Política local y en la Ley para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos, proceso que la Cámara de Diputados llevó a cabo de manera oportuna y adecuada.
Además de esta importante resolución, durante las sesiones del tercer periodo extraordinario, las y los legisladores aprobaron un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación para brindar de forma habitual y ordinaria el servicio público educativo en casos de desastres naturales o contingencias sanitarias.
Al clausurar el tercer periodo extraordinario de sesiones, las y los diputados también resolvieron el acuerdo que modifica la constitución de la Comisión de Gobierno de la Legislatura y la conformación de los grupos y representaciones parlamentarias. La legisladora Sonia Nohelia Ibarra Fránquez solicitó su desincorporación de la Asociación Parlamentaria Plural.
