Condena de 40 años para quien abusó sexualmente y privó de su libertad a un menor de edad

Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, mediante audiencia de Juicio Oral obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento una condena de 40 años de prisión y 1000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por concepto de multa contra Miguel Ángel “N”, por haberse acreditado su responsabilidad penal en la comisión de los hechos catalogados como delito de secuestro, cometido en perjuicio de un menor de edad de identidad reservada.
 
Respecto de los hechos, se conoce que ocurrieron el pasado 25 de junio del año 2020, cuando el acusado –quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Tepic-, invitó al menor al interior de su domicilio y una vez ahí lo retuvo contra su voluntad, negándoselo a su mamá cuando esta lo fue a buscar. Miguel Ángel “N” mantuvo cautivo al menor toda la noche, durante la cual abusó sexualmente de él. Sin embargo, el hoy sentenciado salió de su domicilio la mañana siguiente, momento que aprovechó el menor para escapar. Posteriormente la víctima se encontró con su familia y narró los hechos, si bien ya se había iniciado la investigación por la desaparición del afectado.
 
Por lo anterior, la Fiscalía aportó los elementos de prueba suficientes para vencer la presunción de inocencia, logrando que el Tribunal tuviera convicción de la acusación realizada, determinando que los hechos planteados configuraban el delito de secuestro en agravio del menor víctima, esto por la privación de la libertad que sufrió, aunado al abuso de que fue objeto y que le causó un grave daño psicológico, por lo que se le impuso al imputado una pena de 40 años de prisión, además que pagará 1000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por concepto de multa.
 
Con estos resultados se refrenda el compromiso de Fiscalía de Nayarit en cuanto a realizar indagatorias sólidas que permitan presentar ante un Tribunal Judicial a las personas imputadas por conductas antijurídicas, con la finalidad de preservar el Estado de Derecho en la entidad, pero asumiendo ante todo la protección de los derechos de las víctimas, máxime si se trata de niñas, niños, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad.