La propuesta busca homologar los criterios de feminicidio en la capital con los estándares internacionales y endurecer las penas para agresores que utilicen plataformas digitales para acosar o amenazar a sus víctimas. Es la apuesta política más fuerte de su administración en materia de género hasta la fecha.
Detalles: Se propone la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales con actualización en tiempo real y multas de hasta 5,000 UMA para empresas que encubran acoso laboral.
Colectivos feministas han recibido la noticia con cautela, exigiendo que las reformas vengan acompañadas de presupuesto real para las fiscalías especializadas, que hoy operan con déficit.
La iniciativa será discutida con carácter de preferente en la Asamblea Legislativa la próxima semana.
