Alba Cristal se registra en Compostela pese a señalamientos
Alba Cristal se registra para coordinar Morena en Compostela tras haber sido señalada por un presunto daño de 30 mdp al Congreso, caso del que fue absuelta.

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La exdiputada local de Morena Alba Cristal Espinoza Peña, expresidenta del Congreso de Nayarit, informó este lunes 19 de octubre que se registró para coordinar los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Compostela, su municipio, dentro de Morena. El paso se da a pesar de que su gestión al frente del Poder Legislativo fue señalada por presuntos desvíos millonarios, en un caso penal que concluyó este año con su absolución.
“Hoy quiero compartirles una decisión importante: me registré para coordinar los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Compostela dentro de mi partido Morena”, escribió en Facebook, donde publicó una fotografía con su solicitud de registro. “Ser su diputada me dio grandes aprendizajes, innumerables conversaciones y, sobre todo, amigos entrañables”, añadió, y aseguró que quiere “seguir trabajando por Compostela, por su cabecera, su costa y sus comunidades”. Es un registro similar al que hizo el diputado Adahán Casas Rivas, quien se registró para coordinar Morena en Tepic.
Espinoza Peña presidió el Congreso y la Comisión de Gobierno Legislativo desde agosto de 2021 hasta el 7 de noviembre de 2023, cuando fue removida del cargo por diputados de su propia bancada. Días después, la diputada de Movimiento Ciudadano Selene Cárdenas Pedrazapidió una auditoría especial a los recursos ejercidos por el Legislativo y afirmó que existían 17 observaciones por más de 27 millones de pesos, además de compras sin licitación.
Su salida de la presidencia del Congreso se dio con la firma de 11 de los 15 diputados de su bancada, quienes argumentaron la necesidad de “refrescar” la coordinación. Días después, la diputada morenista Mirna Encinas atribuyó la decisión a las aspiraciones políticas de Espinoza Peña rumbo a la alcaldía de Tepic y dijo que se buscaba evitar dudas sobre el uso de recursos: “lo más sano para no tener duda de que los recursos se utilizan para los que son encaminados, no para campañas proselitistas”, declaró entonces. Medios nacionales reportaron en esos días que la legisladora había reforzado la promoción de su imagen. Ella respondió que su relevo no ponía fin a “mis aspiraciones políticas”.
Una auditoría de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) derivó en una carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado. El 10 de septiembre de 2024 la exlegisladora fue vinculada a proceso por su probable intervención en los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y tráfico de influencias en agravio del Congreso. Según la acusación, se habría dado de alta a trabajadores que no laboraban en el Legislativo y se habrían desviado recursos mediante vales de gasolina, con un presunto quebranto de más de 30 millones de pesos. Llevó su proceso en libertad y desde entonces sostuvo que las acusaciones carecían de fundamento.
En 2023, Espinoza Peña apareció en la portada de una edición especial de la revista Campaigns & Elections México dedicada a los “50 diputados locales más productivos de México”. Medios han documentado que esa publicación ha recibido pagos de gobiernos y partidos por espacios publicitarios e inserciones. En los reportes de transparencia del Congreso de Nayarit sobre gasto en publicidad de 2023 no aparece pago alguno a la editora de la revista, y no hay información pública sobre quién pagó esa portada.
En 2025, un juzgado federal le concedió un amparo para que se dejara insubsistente la vinculación a proceso por falta de fundamentación. En febrero de 2026, la propia ASEN remitió a la Fiscalía cinco expedientes en los que concluyó que no existían elementos suficientes para imputarle faltas administrativas ni una afectación al Congreso. Con base en ello, el 5 de junio la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa, petición a la que se sumaron los abogados del Congreso, y un juez de Control decretó la extinción de la acción penal con efectos de sentencia absolutoria. Al no presentarse apelaciones, la absolución quedó firme.

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