El pasado fin de semana, se llevó a cabo la incautación de mas de 30 bienes a nombre de la lider del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), mismos que afirma la Fiscalía General de Nayarit han sido adquiridos de manera ilicita con recursos públicos.
Esto ha causado una serie de señalamientos por parte de trabajadores adjuntos al sindicado, que han dicho que la Fiscalía comenzó una persecución política en contra de Águeda Galicia.
Destaca lo escrito por el abogado Emiliano Zapata, que puntualmente explica las inconsistencias que se han cometido en este caso:
La “notitia criminis” es por una “denuncia anónima” que “recibe sorpresivamente” una integrante del Sistema Local Anticorrupción que, por cierto, acababa de dejar de ser AMP.
En base a ese “chisme” la FGN apertura carpetas de investigación y, vía judicial, interviene y asegura inmuebles.
Es decir, la intervención de la Fiscalía en contra del patrimonio del SUTSEM es DIRECTA!!
O sea: el actuar de la Fiscalía no es consecuencia de una investigación que se haya iniciado con motivo de un desvío de recursos públicos y que los datos de prueba hayan conducido hacia el patrimonio del SUTSEM!!
La Fiscalía realizó al revés las acciones: De una mera suposición interviene el patrimonio de un Sindicato suponiendo que fue adquirido en forma ilícita por recursos públicos!!
Cuando lo primero que debió de haber acreditado la Fiscalía fue la desviación de determinados recursos públicos y que la investigación llevara, “el camino del dinero”, a ciertos bienes específicos de dicho Sindicato que se hayan adquirido precisamente con esos recursos públicos específicos desviados!!
Por lo que el actuar de la Fiscalía en contra del patrimonio del SUTSEM, a mi parecer, es una intervención gubernamental efectuada por motivos políticos que viola flagrantemente la independencia y autonomía sindicales que salvaguarda la Constitución y diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
El patrimonio de un Sindicato no es público, su naturaleza es social y pertenece a un gremio, por ende no es sujeto al escrutinio público y la única obligación de la dirigencia sindical es la transparencia de la administración de sus cuotas sindicales pero no de su patrimonio sindical.
Y si algunos inmuebles aparecen civilmente a nombre de Águeda, la verdad es que ésta no se ha conducido como dueña respecto a dichos inmuebles pues es del dominio público que dichos inmuebles los disfrutan los agremiados del SUTSEM, entonces, en todo caso es un mero problema de escrituración entre Águeda y el Sindicato que no trasciende a la esfera competencial pública.
AGUAS “PETRUS”!!
NAYARIT PUEDE SER SUJETO A UNA INTERVENCIÓN DE LA OIT!!
