Puerto Vallarta.- Podría haber la intención de encubrimiento detrás de las deficiencias y malas actuaciones por parte de trabajadores de la Fiscalía del Estado, en el caso del funcionario de la Policía de Puerto Vallarta que fue sorprendido el 26 de julio con una niña de diez años de edad a bordo de su vehículo, de quien pretendía abusar sexualmente según el propio testimonio de la menor, advirtió la abogada de la familia, Claudia Angélica Rangel.
“Que algo está pasando con esta situación de los funcionarios públicos y los servidores, a alguien están protegiendo y no quieren que se sepa, que ese licenciado de nombre Josué no me señaló e integró todas las actuaciones correspondientes para la pericial, y para leer en toda su extensión completa la carpeta de investigación. ¿Es una omisión grave? Sí, un comisionado directo del Fiscal del Estado que no integra una carpeta (de investigación) completa, se los dejo en una pregunta abierta: ¿Qué está protegiendo? ¿Qué no quieren que se sepa?”.
La abogada también señaló a una funcionaria del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Carmen Ramírez Cano, quien habría cometido irregularidades en la realización de peritajes.
El equipo legal también denunció omisiones en las pesquisas, como que el equipo electrónico del funcionario no ha sido asegurado, al igual que la ropa del imputado no ha sido analizada en busca de fluidos, ni el vehículo donde tenía la menor, por lo que no fue vinculado por el delito de corrupción de menores y sólo permanece en marcha el delito de abuso sexual infantil.
Por su parte la abogada Sandra Quiñones, también advirtió que en lo que va del año ya hubo al menos 67 menores de edad que han denunciado ser víctimas de abuso sexual, aunque advirtió que podrían ser más, ante las amenazas e intimidaciones que pesan sobre quienes se atreven a denunciar oficialmente estos delitos, y la presencia de redes de trata de personas y prostitución infantil en el destino turístico.
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