Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron su respaldo a la controversia constitucional contra el acuerdo para disponer de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Acuerdo viola los principios por los que se creó la Guardia Nacional: PRD
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, saludó y respaldó la controversia constitucional que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo que permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta el 2024.
“La preocupación expresada por diversos sectores sociales, por la academia y por los partidos de oposición respecto a la militarización de la Guardia Nacional y del territorio nacional, se ve hoy reflejada en esta controversia”, señaló en un comunicado.
Recordó que, por el voto casi unánime de las dos cámaras del Congreso de la Unión y por los 32 congresos de las entidades federativas, la Guardia Nacional se estableció como una corporación federal policiaca de carácter civil y que las Fuerzas Armadas únicamente podrían actuar, en materia de seguridad pública, de manera subsidiaria, subordinada, extraordinaria, regulada, complementaria y fiscalizada.
Principios que, puntualizó la líder parlamentaria, fueron ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se violan flagrantemente con el acuerdo del Ejecutivo Federal y sus disposiciones, al establecer la sustitución de las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, por las corporaciones militares.
“Expresamos nuestro más profundo respeto y reconocimiento a las labores de las Fuerzas Armadas. Compartimos con el pueblo de México la gratitud por las grandes labores en favor de la población en situación de riesgo, por las acciones desarrolladas durante las emergencias y, particularmente, las que, en medio de la pandemia, han llevado a cabo el personal sanitario militar y naval para mitigar sus efectos”, expresó.
Sin embargo, dijo, estamos convencidos de que la integridad de las instituciones y la obediencia al marco constitucional, fortalecerá los mecanismos de la democracia en el país.
“Expresamos nuestro más absoluto respaldo a la presidenta de la Cámara de Diputados en la presentación de esta controversia constitucional y hacemos votos para que la SCJN resuelva, a la brevedad, con lo cual, sin duda, se consolidará el Estado de derecho en México”, concluyó.
Acuerdo implica una invasión de las competencias: PRI
El Grupo Parlamentario del PRI manifestó su respaldo a la controversia constitucional que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández contra el acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, hasta el 2024.
“Este acuerdo podría ser violatorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, al implicar una invasión de las competencias que le corresponden al Poder Legislativo y avalar de facto la militarización del país”,aseveró la bancada en un comunicado.
Sostuvo que el objetivo de esta administración de pacificar al país, no puede pasar por encima de la Constitución, las leyes, los tratados internacionales de los que México es parte, ni de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin ningún tipo de contrapeso.
“La reforma constitucional no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin controles o se hagan interpretaciones a modo de la Carta Magna. Seguimos a favor de que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad, pero seguros de que su actuación está apegada al marco constitucional que exige que sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, apuntaron los diputados priistas.
Confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como máximo intérprete constitucional, dará cauce legal a la controversia que surge de este acuerdo del Ejecutivo Federal.
Fracaso de estrategia de seguridad pública no puede ser pretexto para violar la constitución: MC
El Grupo Parlamentario de MC expresó su respaldo a la controversia constitucional interpuesta por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, contra el acuerdo del Ejecutivo Federal que permite la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Sostuvo que no se pretende contradecir al Presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas, sino cuidar su investidura en su carácter de Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así también, garantizar la protección de los derechos humanos y otorgar mayor certeza jurídica a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en forma extraordinaria.
En un comunicado, expuso que la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional prevé la consolidación de la nueva institución civil y la desincorporación gradual de las Fuerzas Armadas en la realización continua de tareas de seguridad pública.
"Desde la discusión de esta reforma, el Congreso de la Unión llevó a cabo un amplio ejercicio de Parlamento Abierto y como resultado de este diálogo y de cara a la reforma constitucional en la materia, se reiteraron las obligaciones del Estado de cumplir con los derechos humanos previstos en la Constitución Política y en los tratados internacionales suscritos por México", indicó.
Asimismo, subrayó, atender los criterios emitidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente en materia de seguridad pública, pronunciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, el reconocimiento generalizado a las Fuerzas Armadas por su trabajo, patriotismo, institucionalidad y lealtad a la República y las instituciones del Estado.
En ese sentido, los diputados de MC apuntaron que la controversia constitucional contra el acuerdo del Ejecutivo Federal permitirá a la SCJN analizar la suplantación de una facultad que corresponde al Congreso de la Unión, rompiendo con el Pacto Constitucional.
También la mutación material de regímenes legislativos cuya regulación y desarrollo forma parte del marco competencial del Congreso de la Unión y la posible violación al principio de división de poderes en conexión con el de reserva de ley de fuente convencional y constitucional.
Además, el posible uso desbordado por parte del Ejecutivo Federal respecto de la competencia conferida por el artículo quinto transitorio contenido en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.
