La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y un baluarte de la sociedad libre. Sin embargo, en Nayarit, recientemente, ha surgido un caso alarmante que pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los periodistas que buscan exponer la verdad y cuestionar a figuras políticas poderosas.
La periodista Claudia Isela Hernández, de San Blas, Nayarit, ha estado realizando una valiente labor de periodismo, destacando asuntos relacionados con la empresaria Ángela Birkenbach y su disputa en torno a la playa ‘Limoncitos’. Este conflicto, que ha perdurado por cuatro años, involucra acusaciones de violencia, denuncias legales y tensiones entre distintas partes, incluyendo a la diputada local Myrna Encinas y Rodolfo Valdenebro Esquer.
La periodista Hernández, en su compromiso con la verdad, no ha dudado en exhortar a las autoridades a investigar a fondo este caso. Ha proporcionado pruebas documentadas y legales que respaldan las afirmaciones de la empresaria Birkenbach como propietaria de territorios que fueron objeto de disputas. Además, ha resaltado la retórica incendiaria y las amenazas que se han dirigido hacia ella como consecuencia de su labor periodística.
Lo más preocupante de esta historia es que, en lugar de un debate razonado y la búsqueda de la verdad, las acusaciones se han convertido en un terreno fértil para amenazas de muerte. La periodista ha compartido en su medio de comunicación, Crónica Nayarita, amenazas que ha recibido en respuesta a sus investigaciones, con mensajes como “SIGUES TÚ” y “CLAUDIA CON MYRNA NADIE SE METE ASÍ QUE RELÁJATE”. Estas amenazas son profundamente perturbadoras y plantean interrogantes sobre la seguridad de los periodistas que trabajan en la región.
Es crucial subrayar que la libertad de prensa es un derecho inalienable, y los periodistas deben poder realizar su trabajo sin temor a represalias. La labor de los medios de comunicación y los periodistas es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad. La protección de los periodistas es responsabilidad de las autoridades, y es vital que se activen protocolos de seguridad para garantizar su integridad.
