Para visibilizar el reclamo de las mujeres que han sido violentadas y atender las demandas de hijos que no reciben pensión alimentaria, las y los diputados de la 33 Legislatura aprobaron por unanimidad las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Nayarit.
En las distintas reformas se destaca que quienes se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado o en otra entidad federativa, no podrán ocupar ningún puesto dentro de la administración pública.
La presidenta del Poder Legislativo, destacó que históricamente es la primera reforma constitucional que se hace en materia de paridad de género, “que mejor prueba que la primera disposición sea con temas de la mujer, que al final enmarca nuestra participación al ser la mayoría mujeres, estamos dando avances correctos, lo que queremos buscar como sociedad es acortar la brecha de desigualdad y seguir no teniendo agresores en el poder”.
En la misma reforma constitucional aprobada en Sesión Pública Ordinaria se prevé garantizar la participación paritaria de las mujeres en todos los espacios y niveles de toma de decisiones en el gobierno estatal, Congreso del Estado, Poder Judicial, gobiernos municipales y organismos descentralizados.
Estas modificaciones constitucionales permitirán la construcción de una sociedad más igualitaria, fortalecer el estado de derecho de la mujer, tener un buen gobierno, ejercer una democracia incluyente y consolidar un mayor desarrollo económico.
El dictamen aprobado fue conformado por las propuestas de reforma presentadas por legisladoras integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Familia y de la Comisión de Asuntos Indígenas; resolución legislativa que será enviada a los 20 ayuntamientos de la entidad para su validación.
En segunda sesión, los legisladores aprobaron inhabilitar a funcionarios públicos agresores de mujeres, Personas que hayan violentado a una mujer de forma física, sexual o política y quienes estén registrados como deudores de pensión alimentaría serán inhabilitados como funcionarios públicos, así lo establecen las diversas reformas constitucionales aprobadas por unanimidad en Sesión Pública Ordinaria por las y los diputados integrantes de la 33 Legislatura.
En el dictamen se señala que no podrán ocupar ningún puesto dentro de la administración pública las personas que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado o en otra entidad federativa.
La presidenta del Congreso del Estado, destacó que históricamente es la primera reforma constitucional que se hace en materia de paridad de género, “que mejor prueba que la primera disposición sea con temas de la mujer, que al final enmarca nuestra participación al ser la mayoría mujeres, estamos dando avances correctos, lo que queremos buscar como sociedad en acortar la brecha de desigualdad y seguir no teniendo agresores en el poder”.
