La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) señaló que en los últimos meses se han registrado cierres arbitrarios e ilegales en vías de comunicación terrestre que afectan a la gente, el comercio y la economía del país, por lo que propuso una iniciativa para instaurar la prisión preventiva oficiosa al cierre de vías de comunicación.
En un comunicado sobre su exposición en la tribuna del Pleno camaral de esta modificación, argumentó que estas acciones realizadas por contingentes de manifestantes o grupos de la delincuencia organizada, en entidades federativas como Nayarit, Sinaloa, México, Jalisco, Sonora, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, representan una afectación nacional, por lo que subrayó que la iniciativa incluye agravar las penas para quienes lo realizan por un periodo prolongado.
Detalló que la Asociación de Industriales de Michoacán reportó por estos bloqueos a vías férreas en su entidad, pérdidas por más de 150 millones de pesos, con la interrupción del traslado de toneladas de mercancías, tránsito de personas y afectación al turismo.
En ese sentido, indicó que Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como empresas privadas, estiman también pérdidas de 7 mil millones de pesos originados solo para toma de casetas a lo largo y a lo ancho del país. Los daños colaterales, expuso, son un marcado debilitamiento a las cadenas de distribución, la logística y las operaciones industriales en nuestro país.
A pesar de estas problemáticas, la diputada aseguró que las acciones del Gobierno Federal han sido insuficientes, por lo que propuso la iniciativa para revertir estas maniobras arbitrarias que vulneran la seguridad y la movilidad de las y los mexicanos, quienes esperan por largas filas y pagan cuotas ilegales.
