Como parte de una lucha colectiva, en el mes de agosto de 2017 se decretó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero Contra las Mujeres para el Estado de Nayarit, incluyendo a siete municipios; Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlan del Rio, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic, para establecer acciones específicas, sobre todo en la zona serrana del estado correspondiente a los municipios Del Nayar, La Yesca y Huajicori.
Dichas acciones deberían servir para prevenir, reducir y en el mejor de los casos erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres del Estado, dividiéndose en: medidas de seguridad; medidas de prevención; medidas de justicia y reparación; y por último en medidas para visibilizar la violencia de género con el mensaje de cero tolerancias. Cabe destacar que la obligación de implementar medidas alcanza tanto al Gobierno Federal, Estatal como Municipal y en el que se incluye a todos los poderes.
Pese a lo anterior y de conformidad con los más recientes informes que se dieron a conocer, a cuatro años de la Declaratoria de Alerta, resulta penoso el que no se vean avances para reducir o eliminar la violencia, de modo significativo y sentido por la sociedad, sino que además, se ubique al Estado de Nayarit como una entidad, que ha incumplido con la adopción de medidas tendientes a erradicar, reducir y eliminar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.
A título personal me es doloroso que ante la falta de cumplimiento por la Declaratoria, hemos visto diferentes tipos de violencia que han padecido las Nayaritas, y estos van desde ofensas verbales, psicológicas, físicas, violaciones, vejaciones, hasta la muerte, no distinguiendo edad, color, estatus social, nivel de educación, ni económico. No es momento de guardar silencio para exigir a los gobiernos tanto estatal, municipal y los distintos poderes que lo conforman, a que den cumplimiento con la alerta, además de resaltar que hay casos de expresidentes municipales y otros servidores públicos, donde no han logrado entender los alcances de la Declaratoria de Alerta de violencia de género contra las Mujeres, y de ser señalados como violentadores, o en otros casos, en donde ponen de relieve la falta de recursos económicos para negarse a implementar medidas.
Si bien es cierto que, para el cumplimiento de alguna de las medidas, es necesario el uso de recursos económicos extraordinarios, tampoco se ha sabido de proyectos tendientes a obtener dichos recursos y así poder realizar actos positivos que permitan reducir la Violencia contra las Mujeres en el Estado. Se debe destacar también que para el cumplimiento de las medidas se requiere de recursos extraordinarios económicos, pues debe apostarse, como lo marcan los resolutivos de la Alerta de Genero previstos, de medidas de seguridad que formen parte de las obligaciones de los cargos que ostentan, tanto el gobernador del estado, presidentas y presidentes municipales, diputados y/o diputadas, así como el Fiscal General del Estado y los Tribunales Jurisdiccionales, quienes, a estas alturas, deben tener diseñados, después de cuatro años, estrategias para la recuperación de espacios públicos y la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres, esto último, implica el trabajo en común de todos los entes a los que me he referido; y por lo que va del tema de la educación y reducación para prevenir cualquier tipo de violencia hacia el interior de las mismas familias Nayaritas, se deben de emprender programas como parte de las medidas inmediatas, que no deben costar más allá del personal humano que ya labora en todos los órdenes de gobierno, pero falta que entiendan, sobre todo los gobiernos municipales donde se decretó la alerta, que no debe traducirse todo en dinero, sin eficientar los recursos con los que ya cuentan y utilizar donde sea posible los medios electrónicos para que en lugar de que reciban información negativa los pobladores, se saturen con información positiva, útil y educativa a las familias de la municipalidad a que corresponda.
Se debe reconocer el esfuerzo que tanto la fiscalía del estado como los órganos jurisdiccionales han emprendido, sin embargo, ello no ha sido suficiente para prevenir y en su caso castigar de manera ejemplar a los perpetradores de los crímenes que se cometan en contra de las mujeres. Debemos apostar también por la educación, no solo de los varones, sino también a las mujeres en el respeto que se merecen dar y recibir, así como enseñarles cuáles son sus derechos y como pueden exigirlos, para el caso de que consideren estar sufriendo algún tipo de violencia. Los mecanismos deben ser eficiente, prontos y expeditos para que no transiten en otro viacrucis para ver reflejada una respuesta por parte de las autoridades a su reclamo.
Por último, existen organismos públicos y privados con quienes se pueden realizar convenios, a efecto de llevarlos a aquellos municipios en donde no exista decretada la Declaratoria de Alerta para prevenir actos de violencia, y en el caso de los que ya se encuentreen con la declaratoria para reducir y erradicar la ya existente, entre ellos se encuentra el INMUNAY, el Observatorio de Participación Política de la Mujeres en el Estado, así como una serie de colectivos feministas quienes, sin lugar a duda, acudirían al llamado, que en este momento, parece ser de desesperación, enojo y angustia ante los atroces hechos ocurridos en donde se han visto implicadas tanto mujeres, adolescentes y niñas.
