¿CAPRICHO O ESTRATEGIA?
Hay obsesiones que pueden ser entendidas por su trascendencia, otras son comprensibles por que podrían acarrear beneficios a quien se obsesiona por algo. Sin embargo, existen también obsesiones incomprensibles y hasta caprichosas, que solamente la insania podría justificarlas.
En esta última categoría de obsesiones, se puede clasificar la que intenta involucrar a toda la sociedad mexicana en un debate improductivo y desgarrador de la paz social, se trata de la revocación de mandato, que a rastras pretende imponer a toda la sociedad el Presidente.
El Presidente resultó electo en 2018, para ejercer su mandato hasta el 30 de septiembre de 2024 y, nadie discute el derecho presidencial a permanecer en el cargo hasta esa fecha, independientemente de la percepción que se pueda tener acerca de la calidad de su gestión.
Sin embargo, una consulta a la población, sea consulta popular o referéndum revocatorio, constituye una excelente plataforma propagandística a favor del régimen, aunque no aporte ningún beneficio a la población, ni influya para cambiar las cosas a favor de la ciudadanía, constituyen pues ejercicios de movilización y verborrea catártica, y para estos fines es que el actual gobierno y el partido correspondiente pretenden forzar a que se lleve a cabo un ejercicio de esta naturaleza, sin importar los costos, tanto financieros como de encono social que conllevan.
¿Para qué y con qué fin, habría de convocarse a un referéndum revocatorio, cuando nadie cuestiona el derecho de continuar el actual mandato, hasta que constitucionalmente concluya, en la fecha para la cual se eligió?
¿Acaso el país se encuentra en tal abundancia de recursos económicos, que se puede dar el lujo de gastar varios cientos de millones de pesos, para determinar si el actual presidente concluye o no el periodo para el cual fue seleccionado?
¿Tal vez existirá alguna sombra oscura acerca de la legitimidad del actual Presidente, como para distraer de los grandes temas de interés nacional a la sociedad, e involucrarla en un juego de estrategia propagandística, en la cual la ciudadanía no obtendrá ninguna solución a sus problemas?
Si el actual Presidente, considera pesada la carga que actualmente le representa la presidencia, si el esfuerzo físico e intelectual, que representa terminar el mandato constitucional , y lo que se desea es ya pasar a descansar a su finca en Palenque, pues nos resulta más económico y menos complicado, que simplemente se presente la renuncia del Presidente, sin pasar por el enorme costo y la complejidad de una consulta de revocación, que podría terminar en atarlo al cargo, para que obligadamente lo termine, aun en contra de su personalísima voluntad y, quizá, necesidad física e intelectual.
¿Por qué existe ese empecinamiento en mantener a la sociedad mexicana, de manera continuada en proceso electoral permanente? ¿A qué razones obedece el capricho de mantener una movilización social interminable?
¿Será que tal vez, la población mexicana, no tiene en mente atender otros problemas urgentes y no desea se analicen y atiendan necesidades materiales, ajenas a un activismo de campaña electoral permanente, como se pretende establecer por los partidos que conforman la coalición gobernante?
¿Qué gana el pueblo mexicano destinando cientos de millones de pesos en un referendo revocatorio, si eso no le atiende la inseguridad pública, ni disminuye la mortalidad pandémica, ni proporciona medicamentos a los enfermos, tampoco se traduce en canasta básica más accesible, ni el cambio climático se ve mitigado con esos ejercicios, ni disminuyen los feminicidios, tampoco dejan de asesinar periodistas?
¿Qué caso tiene la movilización perenne de la sociedad, en eterna campaña de proselitismo para legitimar el régimen, aunque no devuelva resultados y el deterioro socioeconómico sea galopante?
El artículo 35 constitucional, establece como derecho de la ciudadanía mexicana, el de “participar en los procesos de revocación de mandato” en la fracción IX de dicho artículo establece que el ejercicio de revocación de mandato de Presidente de la República “Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.”
Como puede verse claramente, el objetivo del legislador dio un paso importante a la implantación territorial de alguna inconformidad ciudadana contra el desempeño de quien ostenta la titularidad de la Presidencia de la República, este requisito de por lo menos diecisiete entidades federativas, representadas en el 3 % de la lista nominal de inconformes con el desempeño presidencial, cumple con el objetivo de que este ejercicio de democracia directa, no se active caprichosamente por diferendos políticos con alguna, o algunas, de las titularidades de las gubernaturas, en manos de partidos opositores al Presidente.
Dicho lo anterior, este ejercicio de revocación de mandato, solamente debe utilizarse como una válvula de seguridad, cuando se advirtiese que la continuidad del mandatario en funciones, represente un auténtico peligro a la viabilidad futura del país y, por ende, existencia de un malestar extendido entre la población.
Además, es pertinente que se tenga presente que aún no existe una ley reglamentaria de esta actividad, lo que representa una seria limitación para su implementación el año próximo, aplicándolo a quien actualmente ocupa el Palacio Nacional.
Pero veamos detenidamente la razón por la cual, aunque se apruebe en los próximos días y semanas alguna ley reglamentaria de la revocación de mandato, resultaría sumamente cuestionable, que esta nueva regulación, pudiera ser aplicada con efectos retroactivos, a cualquier cargo que hubiese sido electo con antelación, pues en estricto sentido jurídico, la revocación de mandato, constituye una sanción para quien ostenta el cargo sujeto a referéndum.
Dicho eso; el artículo 14 constitucional, establece el principio de irretroactividad, que a la letra consiste en que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.”, esto significa, continuando con el citado artículo que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
En consecuencia, a lo anterior; aplicar una ley para revocar un mandato que se obtuvo en 2018, con una ley elaborada en 2021, es pretender privar de un derecho mediante un juicio viciado, pues el derecho al mandato lo adquirió el actual presidente, tres años antes de la elaboración de la ley que se pretende aplicar al juicio (aquí el referéndum revocatorio adquiere el carácter de juicio público ciudadano). La ley en cuestión solamente podrá ser aplicada a aquellos cargos que sean obtenidos en elecciones futuras, que sean posteriores a la fecha de entrada en vigor de la ley reglamentaria de la revocación de mandato, hacer cosa distinta a lo anterior, sería un atentado a la integridad constitucional y a los derechos políticos electorales de las personas que actualmente ostentan algún cargo de elección popular en nuestro país.
Desde los albores como nación independiente, en México se adoptó el principio de irretroactividad, pues quedó recogido en el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, en su artículo 19 que nadie puede ser juzgado en los estados o en los territorios de la federación, “sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto por el cual se le juzgue.”
Tal parece que resulta muy rentable políticamente al gobierno federal y a su partido político, desafiar en su supuesto perjuicio, casi doscientos años de irretroactividad constitucionalmente establecida en nuestro país.
El encaprichamiento por someterse a referéndum revocatorio, constituye un reto que podrá desafiar la tradición constitucional, por tanto, la vigencia del Estado de Derecho en el territorio nacional, y una oportunidad inigualable para movilizar políticamente a la sociedad y así distraerla de las problemáticas enraizadas, que no pueden, ni quieren atender desde las altas esferas.
Le urge mucho al régimen actual, un acto masivo de legitimización, que bien puede obtener mediante la manipulación propagandística que puede otorgarle la realización de este ejercicio de democracia directa, sin importar el manoseo de estos ejercicios, ni su costo financiero.
La estrategia con la cual se ha venido impulsando la revocación de mandato, marcha al filo de la defenestración del Estado de derecho y tiene visos de perversa hambre ávida de concentración del poder.
Insensato es insistir en el capricho inconsecuente de esa movilización popular, que solo arrojará divisionismo social, derroche de escasos recursos y alimentará ambiciones de poder huecas y malsanas.
¡No a la revocación de mandato!
¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.
