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Nueva propuesta de AMLO golpearía bolsillo de los mexicanos

Una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que propone ajustes a la Ley de Industria Eléctrica, en específico al sistema del despacho de generadores eléctricos, impuesto a través de la emisión de dicha ley, cuyo mecanismo, argumenta el presidente, “establece grandes privilegios en la generación privada con grave perjuicio a la CFE”, ha recibido nuevamente serias críticas por parte de especialistas quienes ven en esta propuesta graves afectaciones al medio ambiente y a los bolsillos de los mexicanos. 

De acuerdo con la página de “Energía hoy”, miembros de la Iniciativa Privada (IP) como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Concamin, Coparmex, y el Comener aseguraron que de aprobarse la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se impedirá la competencia en el sector. Aseguraron que de aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la electricidad será más cara.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial indicó en un comunicado que la propuesta del gobierno es contraria a los objetivos que ellos mismos se han planteado.

“De aprobase, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos; y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, agregó.

El organismo liderado por Carlos Salazar Lomelín indicó que la iniciativa intenta impedir la competencia dentro del sector eléctrico nacional.

“Rompe con la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración”, resaltó.

En ese sentido, subrayó que entre las afectaciones que se verían, de ser aprobado, está: abrir las puertas a una expropiación indirecta; atentar contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales; violar la no retroactividad de la ley; y contravenir las garantías de certeza jurídica.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) indicó que la iniciativa pasa por encima de los derechos básicos como la libre competencia; y la certeza jurídica, lo cual generará costos altos para el país, los consumidores y el medio ambiente.

“Va en contra de lo resuelto por el propio Poder Judicial Federal ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde 2019, y que se suspendieron definitivamente por el poder judicial mexicano”. 

Además, el organismo liderado por Francisco Cervantes destacó que de aprobarse, se condenará a México a vivir en litigios nacionales e internacionales; lo cual repercutirá en la inversión necesaria para que el país crezca.

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la propuesta de reforma podría desincentivar la competencia así como la inversión en el sector energético.

“De aprobarse lo propuesto en la iniciativa, el riesgo de tener una industria eléctrica monopolizada es alto; lo que restaría certidumbre para la competencia y tendría como resultado mayores costos para el consumidor final y mejor calidad en el servicio”.  

La organización liderada por José Medina Mora Icaza agregó que también podría provocarse un retroceso en materia medioambiental, pues el país no cumpliría con los compromisos internacionales como el Acuerdo de París.

A la par, el Consejo Mexicano de la Energía (Comener) afirmó que la normatividad hará difícil conciliar la transición energética hacia energías limpias y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

“Mientras que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado su regreso al Acuerdo de París y el presidente Joe Biden ratifica su compromiso por apoyar y liderar la lucha contra el Cambio Climático; en México esta iniciativa nos aleja de cumplir los compromisos firmados en el Acuerdo de París”, aseveró.

Además, recordó que México también tiene compromisos suscritos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La iniciativa podría provocar que los socios comerciales perciban una restricción a la participación privada en el sector energético; lo cual dañaría el clima de inversión en el país.

“Nos preocupa el mensaje que se envía a los inversionistas, tanto nacionales como extranjero. A nivel del país, en un ambiente económico globalizado, nos debe interesar cómo lo pueden interpretar en el extranjero”. 

El consejo liderado por Juan Acra, insistió que es una medida que contraviene la libre competencia; y envía a la comunidad internacional un mensaje de incertidumbre jurídica.

La modificación principal propuesta en el documento enviado por López Obrador, consiste en que el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas tengan como prioridad número uno a toda la energía producida por las hidroeléctricas. “Serán despachadas en primer término (…) con sentido social y de protección civil”, precisa la iniciativa.

En segundo lugar, se encuentra la energía generada en otras plantas de la CFE. “Se despacharán las centrales eléctricas de CFE, tales como la nuclear, geotérmicas, los ciclos combinados y termoeléctricas. Posteriormente, se despacharán las Centrales Ciclos Combinados de Productores Independientes de Energía, amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”, precisaron.

En tercer lugar, estarán las energías eólica o solar de particulares y en el cuarto y último sitio, los Ciclos Combinados de empresas privadas. “Se despacharan las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías”, completaron.

Según el Ejecutivo la propuesta busca garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE y con el diseño de un nuevo Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.

Entre otras cosas, señala que si se aprueba, logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con “años de saqueo” y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado.

Pero como ya decíamos, la propuesta del presidente fue recibida con críticas también por parte de los expertos. “Tiene visos de no ser constitucional”, escribió en redes sociales Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

“El presidente insiste en recibir primero todo lo de CFE aunque sea más caro, sucio y tenga tantas fallas por salida. Sólo después de que CFE entregue todo, entrarían los privados hasta 75% mas baratos. Encarecerá todo”, aseguró el experto en cambio climático y derecho ambiental.

La iniciativa está mal escrita, llena de falsedades, de comparaciones internacionales que no tienen relación alguna con lo de México, sus consecuencias serían enormes y malas para México, insistió.

El presidente ha enviado el documento a la Cámara de Diputados con carácter de prioritario, y habrá que estar muy pendientes del proceder de los legisladores, sin dejar de llamar la atención el interés del Ejecutivo que aún estando convaleciente por Covid, decide no esperar más para hacer llegar su controversial iniciativa. 

Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1 

 

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