En nuestro país, no son pocas las voces que han demandado al Gobierno Federal transparentar los contratos con las empresas farmacéuticas con las que asegura firmaron contratos para la compra de vacunas contra el coronavirus, sin que hasta el momento se haya exhibido algún documento que respalde la versión de las autoridades mexicanas en torno a la adquisición de los biológicos. ¿A qué empresas se compraron? ¿En qué cantidad? ¿Cuánto se pagó? ¿Cuándo llegarán? son solo algunas de las interrogantes que no encuentran respuesta que se haga acompañar de evidencia. Lo que se sabe, es que los países firman, además de los contratos, estrictas cláusulas de confidencialidad que les impiden dar a conocer la información en comento, por más que en sus respectivas naciones se les exijan.
Una publicación de BBC Mundo, refiere que en respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaría de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: "Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos".
Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.
A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.
Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.
Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.
Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., "esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad".
"Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países", añade.
Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.
La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.
Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.
En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.
Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.
En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que "la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran".
El Caso de Perú
Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.
Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, "se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado".
BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.
La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.
Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.
En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.
La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados "subsidios cruzados". Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.
El economista David Bardey señala que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, "sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países".
"Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos", indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque "sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario".
Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.
Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: "Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres".
Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.
"Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios".
En el caso de México ya todos conocemos la historia; tampoco se tienen certezas; las autoridades hacen cuentas alegres de las vacunas adquiridas pero la realidad es que al día de ayer, de acuerdo a la información dada a conocer en conferencia de prensa por el responsable de la estrategia contra el Covid, Hugo López-Gatell, se han aplicado apenas 662,217 dosis, siendo que por parte de la ciudadanía que se manifiesta mayormente a través de las redes sociales, abundan las teorías y elucubraciones en torno a que no se compraron tantas vacunas como aseguran tanto el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon y el propio López-Gatell, y que incluso las recibidas habrían sido adquiridas entregadas en donación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El tiempo nos dirá quién tiene la razón, lo cierto es que el secretismo con el que se manejan las empresas farmacéuticas propicia este tipo de situaciones.
Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1
