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¿Qué hace la DEA en México?

Sin ningún recato la DEA mantiene oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México, y nunca informa de su trabajo a ninguna autoridad local

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Ayer llegó el general SALVADOR CIENFUEGOS, al aeropuerto de Toluca, estado de México, en donde al llegar, un ministerio público de la fiscalía general de la república, le pidió su domicilio y su teléfono, por si requieren llamarlo en la investigación que Estados Unidos dejó trunca en aquel país, y que cree que en México, continuará, así que al dar esos datos, el general se fue a su casa a descansar tranquilamente. 

Este giro en la detención e investigación de quien fuera el militar de más alto en la pasada administración federal, tiene muchas lecturas, una de ellas y que trascendió, fue la amenaza de cortar la relación y cooperación con la DEA, la agencia  norteamericana contra las drogas que mantiene agentes no sólo en México, sino en 68 países del mundo. 

Con la información publicada por Carlos A. Pérez Ricart, encuentro algunos datos interesantes que me parece vale la pena compartirles, sobre la pregunta que muchos nos hemos hecho: ¿Qué hace la DEA en México? Y es que tras la detención del general Salvador Cienfuegos surgen (una vez más) preguntas respecto al papel de la Drug Enforcement Administration (DEA) en México y su relación con las autoridades mexicanas.  

Para empezar, déjenme decirles que la DEA es una agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos encargada de investigar delitos de orden federal relacionados con la producción, transporte y consumo de drogas.  

Su personal es de unos 10,000 funcionarios, de los cuales más o menos la mitad (4,924) son agentes antinarcóticos. 

A pesar de concentrar casi todos sus recursos en acciones policiacas en Estados Unidos, la DEA mantiene unos 500 agentes antinarcóticos distribuidos en 91 oficinas en 68 países. Ninguna otra agencia civil estadunidense, con la posible excepción de la CIA, asigna tantos recursos humanos y económicos a tareas no domésticas. 

Pero asómbrese usted, y vea este dato, relacionado con nuestro país, México, en donde  la DEA mantiene oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México. La mayoría de estas oficinas, normalmente establecidas en los consulados estadunidenses, se fundaron en la década de los años setenta y continúan activas. 

La respuesta a la pregunta por la cantidad de agentes de la DEA que trabajan en México no es obvia. Tenemos que hacer una distinción, por un lado, entre agentes de la DEA que operan permanentemente en México y que están asignados a alguna de las citadas oficinas en México, y, por otro lado, a los agentes que, como parte de alguna de las más de doscientas oficinas que la DEA tiene en Estados Unidos trabajan sobre casos que involucran organizaciones de tráfico de drogas mexicanas y que, como parte de sus investigaciones, viajan temporalmente a México. 

Los primeros- los agentes que operan permanentemente en México- están (en principio) acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y mantienen contacto formal e institucional con agencias policiacas y de inteligencia en México. El acuerdo en papel —históricamente incumplido— indica que los agentes no deben estar armados y deben informar al gobierno mexicano sobre sus acciones, contactos y movimientos. El número apenas supera la media centena. Estos agentes realizan operaciones encubiertas, las famosas buy and bust (compras simuladas de droga para recabar evidencia); cultivan y pagan informantes (que pueden ser expolicías, traficantes de drogas, inspectores de aduanas etc.); intervienen teléfonos; redactan reportes dirigidos a sus jefes en Washington; y establecen relaciones que pretenden ser duraderas con policías y burócratas mexicanos. 

Los segundos-los agentes que viajan temporalmente a México-  son más escurridizos; su presencia es temporal —quizás algunas semanas, pero nunca más de un par de meses— y de esta no siempre tienen notificación las autoridades mexicanas. Así, por ejemplo, la oficina de la DEA en Phoenix desarrolló durante varios años una investigación independiente sobre transportistas y vendedores de droga asociados a la Organización de Sinaloa. Aunque el punto de venta final de la red era Arizona, los agentes de Phoenix viajaron a México varias veces para entrevistar informantes, intervenir teléfonos y realizar operaciones encubiertas. Es imposible determinar, incluso para el gobierno de Estados Unidos, el flujo de agentes que van y vienen de un lado a otro de la frontera. Por lo general, estos agentes no comparten con ninguna autoridad mexicana la información recabada en sus investigaciones. 

En México, como en casi todos los países en los que trabajan, el mayor reto de los agentes de la DEA es el de encontrar socios confiables con los que cuales trabajar. Se trata de un problema histórico y que se ha intentado solventar sin mucho éxito. 

En las décadas de los años setenta, ochenta y noventa, el principal contacto de la DEA era la Policía Judicial Federal (PJF), pero harta  de la corrupción en esa corporación y de las fugas de información que ocurrían constantemente, en 1996 la DEA creó el programa de Unidades de Investigación Sensibles (SIU). El programa tenía el objetivo de crear fuerzas operativas locales entrenadas a partir de las prácticas, técnicas y estrategias favoritas de la DEA y, de esta manera, evitar filtraciones a grupos criminales. Además de México, el programa estuvo dirigido a otros tres países: Bolivia, Colombia y Perú. 

Con la anuencia del gobierno de Zedillo, en 1996 se constituyó la primera SIU en México. Todos sus miembros fueron entrenados por la DEA y pasaron por un proceso de escrutinio y veto que, en principio, debería haber garantizado fiabilidad y confianza.  

Desde entonces se crearon grupos en varias corporaciones: la antigua Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Salud (FEADS), en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO, después SEIDO), en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y finalmente en la División Antidrogas de la Policía Federal. 

Invariablemente las SIU fueron corrompidas. Muchos de los mandos y contactos operativos que habían pasado por todos los controles de confianza imaginables y que forjaron relaciones de amistad y complicidad con agentes de la DEA fueron asesinados o están presos en los Estados Unidos acusados de tráfico de drogas. 

A raíz de ese fracaso, la DEA recurrió a una estrategia alterna que ha traído mejores resultados: cultivar una relación de trabajo fértil con la Marina mexicana. En yuxtaposición a las fuerzas civiles y al Ejército, a la Marina se le percibía (y percibe todavía hoy) como confiable, eficaz y menos corrupta. Esta colaboración que llevó, entre otras cosas, a la detención de Joaquín Guzman Loera en 2014, comenzó en el sexenio de Felipe Calderón y se afianzó durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Los años del gobierno de Felipe Calderón fueron especialmente fértiles para la presencia de la DEA en México. Como nunca, la DEA tuvo injerencia en la forma en que el gobierno determinó su política de drogas. , se puede decir que FELIPE CALDERON, entregó sin escrúpulos  México a la Drug Enforcement Administration (DEA) …esta historia continuará…hasta mañana 

violeta

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