La Comisión Para la Igualdad de Género del Senado de la República, así como senadoras y senadores de la LXIV Legislatura, diputadas federales y del Congreso de la Ciudad de México manifestaron su respaldo a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, e hicieron un llamado a los congresos locales a no aprobar leyes contrarias a la educación científica, laica e inclusiva.
Mediante un pronunciamiento, encabezado por la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de dicha Comisión, dejaron en claro que como representantes populares deben dejar sus creencias personales de lado y ajustar su actuación a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución.
Recordaron que las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), los consejos nacionales de Población y para Prevenir la Discriminación, así como el Instituto Nacional de las Mujeres se han pronunciado públicamente para “alertar” a los congresos locales que pretenden instrumentar el denominado “pin parental”.
Las dependencias –agregaron- han advertido que el llamado “pin parental” violenta los derechos humanos y diversas disposiciones constitucionales. Es una medida que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable, además niega el derecho a una educación con perspectiva de género, como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia”.
Aclararon que este exhorto, que se hizo público la semana pasada, dirigido a los congresos estatales, de ninguna forma puede ser calificado de intromisión o invasión de competencias, sino como una alerta legal pertinente para evitar que se consumen actos legislativos que redunden en violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Los legisladores advirtieron que algunas personas y representantes populares se han pronunciado en favor de promover el “pin parental”, siendo esa posibilidad parte de su derecho a la libertad de expresión; sin embargo, alertaron que algunas asociaciones civiles —vinculadas con posiciones ultraconservadoras—, han lanzado una campaña de “linchamiento” mediático y en redes sociales contra la secretaria Olga Sánchez Cordero.
Utilizan mentiras, descalificaciones e incluso expresiones falsas que sólo evidencian un profundo desprecio a los derechos humanos. Esas asociaciones ultra conservadoras pretenden disfrazar una medida claramente violatoria de la Carta Magna y de los Tratados internacionales en materia de derechos humanos, “como si fuese una acción ligada al proceso de formación cultural que cada familia tiene derecho a realizar respecto a sus hijas e hijos”.
Es por ello que dejaron en claro que es completamente falso que el Estado pretenda arrogarse la facultad de la educación exclusiva de las niñas, niños y adolescentes como aseguran dichas organizaciones o que se busque negarles el derecho a las familias de educar a sus hijas e hijos como mejor consideren de acuerdo a sus principios y valores.
Es mentira que con las políticas educativas actuales se haya aumentado la homofobia y la violencia ligada a la discriminación, y es totalmente falso que el “pin parental” sea un derecho que puede hacerse valer en términos legislativos, atajaron.
Las senadoras y senadores consideraron que la Secretaria de Gobernación ha actuado correctamente para alertar a los Congresos sobre las violaciones a los derechos humanos, que estarían cometiendo en caso de aprobar el “pin parental”.
“De ninguna forma su comunicado puede leerse como una amenaza hacia las y los legisladores estatales, como lo han señalado un par de compañeros y compañeras senadoras. La comunicación es un llamado a respetar la Constitución y las leyes, a no violentar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, nos sumamos al llamado y al exhorto para evitar consumar esas reformas que son violatorias de los derechos humanos”, enfatizaron.
Recordaron que el artículo 1º constitucional establece la obligación de todas las autoridades nacionales de respetar, proteger, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. En tanto, el artículo 3º incluye el derecho de toda persona a la educación, la cual deberá garantizarse, desde el nivel inicial hasta el superior, por parte del Estado. La enseñanza debe ser laica, democrática, nacional, equitativa, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia, además deberá luchar contra la ignorancia y contribuir a la mejor convivencia humana.
El documento fue suscrito por senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de Morena, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM, PES, así como por diputadas federales y del Congreso de la Ciudad de México.
Diputadas de Morena advierten que 'pin parental' atenta contra el derecho a una educación integral
Diputadas de Morena alertaron sobre las implicaciones inconstitucionales que la figura de pin parental tiene contra los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en materia de educación sexual y reproductiva, que contraviene el carácter laico del Estado como eje rector de una sociedad plural y diversa.
En un comunicado, lamentaron que algunas entidades federativas hayan modificado sus leyes de educación para permitir esta figura que viola, no sólo la Constitución y las leyes generales, sino incluso los instrumentos internacionales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, sostuvo que en el caso específico de Nuevo León, la modificación propone “crear conciencia sobre el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, lo cual ofrece una idea de carácter ético-religioso, discriminatoria por razón de género y enfocada a la penalización de la interrupción anticipada del embarazo.
“Recibir educación sexual y reproductiva y en materia de valores, es un derecho de la más alta importancia que no puede ni debe ser limitado para su enseñanza por las madres y padres de familia o tutores de niñas, niños y adolescentes, aduciendo convicciones de carácter ético o moral”.
En ese sentido, puntualizó que, en su carácter de legisladoras, no habrá oposición a que madres y padres eduquen a sus hijos e hijas dentro de sus hogares “en los valores que prefieran mientras esto respete sus libertades”.
“Sin embargo, en el ámbito de lo público, el Estado, como rector de la educación, debe velar siempre por la pluralidad, el respeto a los derechos humanos, la integralidad y la laicidad y eso es lo que haremos valer desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, declaró.
Por ello, Piña Bernal informó que se presentó una iniciativa para adicionar un artículo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de reconocer el derecho que tienen quienes ejercen la patria potestad de éstos de intervenir en la educación que se les habrá de dar, “siempre que el ejercicio de este derecho no implique limitar o negar la enseñanza de cualquier contenido educativo de los planes y programas de estudio oficiales, entre ellos, valores así como educación sexual y reproductiva”.
La diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, sentenció que el pin parental es inconstitucional “y una muestra a calca de las corrientes más retrógradas, regresivas y anti- derechos que están surgiendo en algunos países”.
Es incongruente apelar a la Constitución para suprimir los derechos de mujeres, comunidad LGBTTTQ+, y de familias diversas, en el sentido de que en el país hay por lo menos 11 tipos de familia distintos y la forma tradicional a la que los defensores del pin parental apela, está basada en prejuicios de realidad pasada ya caduca que promueven la discriminación.
Llamó a las y los legisladores locales a no caer en las trampas de grupos anti- derechos, pues en su calidad de congresistas deben garantizar las libertades, la inclusión y la democracia.
Por su parte, la diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, recordó que en la base de la Convención sobre los Derechos del Niño se encuentra el mayor reconocimiento a niñas y niños como sujetos de derecho y no como objetos de protección.
Alertó que regiones donde se discuten iniciativas como el pin parental, responden a graves retrocesos que atentan y vulneran derechos fundamentales de la juventud mexicana.
“La educación debe impulsar el aseguramiento, protección y conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la forma de ejercerlos”, concluyó.
