La división de los poderes del Estado cuando es efectiva, permite preservar las libertades personales y, cuando un sistema constitucional entra en crisis y el poder se empieza a ejercer de manera concentrada, conduce a estrechar el desarrollo en libertad de la sociedad y el Estado, paulatinamente deviene en opresivo para la sociedad.
Los ciudadanos esperamos siempre de nuestros gobernantes, una actuación con moderación ante las crisis, que inspire confianza en el porvenir, que dé certezas y aleje incertidumbres; para ello es que se diseñó la división de poderes, los contrapesos a la concentración unipersonal del poder público, para alejar del poder cualquier pretensión o impulso autocrático, caudillista o despótico y evitar así la posibilidad de sojuzgar a la sociedad libre.
Hemos visto, en los últimos tiempos injerencias descaradas de un poder en las actividades propias de otro poder público y, la aceptación dócil de sumisión por parte del legislativo frente al ejecutivo, pues en algún momento bastó la orden de no mover una sola coma a la iniciativa de ley remitida por el poder ejecutivo a la cámara de diputados, para que la consigna presidencial se cumpliese a rajatabla, lo cual pudo hacerse en la anterior legislatura por tratarse de una mayoría aplastante pero inconstitucional, del partido oficial, convertida en acrítica ejecutora de los caprichos del poder ejecutivo.
En la nueva legislatura, la correlación de fuerzas empezó a cambiar, el partido oficial ya no cuenta con la mayoría calificada ni sumando a sus coaligados, razón por la cual será de esperarse mayor diplomacia y tacto de parte del ejecutivo en su relación y trato, con el poder legislativo, pues su actual configuración política, obliga al dialogo y el debate entre las fracciones parlamentarias a efecto de lograr acuerdos, que permitan transitar en la construcción de nuevas leyes y la aceptación de las iniciativas, con las cuales pudieran existir coincidencias.
Por lo anterior es que resulta sorprendente que continúe el ánimo de someter al poder legislativo a la voluntad del ejecutivo, pues al enviar la iniciativa para la reforma eléctrica, desde el púlpito presidencial se envía un mensaje de presión y con pretensiones de manipular a las y los diputados que no comulguen con dicha iniciativa, para ser exhibidos como enemigos “del pueblo” porque supuestamente, es una iniciativa que está encaminada “a beneficiar al pueblo”, según ha dicho el propio presidente.
La iniciativa de reforma eléctrica en realidad es una contrarreforma, que pretende revertir los avances que se obtuvieron con la reforma del ramo energético, que fue aprobada en 2013, con el concurso de los partidos que hoy son adversarios del partido presidencial.
Dicha iniciativa, constituye una Reforma Constitucional, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, cancela los permisos de generación eléctrica otorgados a entes privados y consolida el monopolio de la generación eléctrica en manos de la Comisión Federal de Electricidad, a la vez que suprime la existencia de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con lo cual se otorga control y dominio irrestricto del sector a la CFE.
Morena y los partidos de su coalición, cuentan en la cámara de diputados con 278 diputados, por lo que, para que pueda transitar esta reforma, es necesario contar con 56 legisladores más, por lo que es necesario que el partido del presidente busque construir acuerdos con otras bancadas.
Por tratarse de una reforma de alcance constitucional, también tiene que tratarse en la cámara de Senadores, y en ella se necesitan 86 votos. La coalición gubernamental cuenta con 73 votos (si consideramos la formación del grupo parlamentario independiente, de reciente aparición), para lograr la aprobación harían falta al menos 13 votos provenientes de los partidos opositores al gobierno Amloísta.
Si el Presidente ha decidido exhibir el sentido del voto de las y los legisladores que voten en contra de esta iniciativa para etiquetarlos como conservadores, “enemigos del pueblo”, etc., es porque está dispuesto a todo para lograr la aprobación y veremos distintas formas de presión, cortejo, cooptación, extorsión, etc., sobre las y los legisladores, la consecuencia podrá ser variada, pues habrá quienes, sí vendan su voto o cedan a las presiones, ausentándose de la sesión al momento de la votación, por lo que resultará interesante estar atentos al proceso de votación, cuando esta reforma sea sometida al pleno de cada una de las cámaras.
La ciudadanía suele quedar al margen de este tipo de acuerdos y negociaciones, pero es deseable que el lastre de las ideologías o de los resentimientos no destruyan la democracia; su protección se consigue solo mediante el debate público, la contrastación de ideas, argumentos y datos sólidos, con posturas racionales que permiten las construcciones de las leyes y las políticas públicas, mantener a la ciudadanía informada, para dar un debate racional, democrático, con inclusión y sin divisionismos, pues solo así se confluye en consensos amplios, democráticos y de largo alcance.
Recordemos a Don Gilberto Rincón Gallardo, quien sintetizó muy bien este fenómeno, no olvidemos su lucha contra el poder absoluto y eterno del Priismo hegemónico que combatió. Recordemos una expresión que utilizó en el primer debate presidencial, cuando fue Candidato Presidencial;
“No podemos aceptar que un solo grupo, utilizando la fuerza de gobierno, impulse su moral y su visión del mundo a todos los ciudadanos”
El cortejo a los partidos de la coalición opositora, ya inició con una celada a los diputados del PRI, a quienes pretende colocar frente a un falso dilema entre el retorno al arcaico proyecto del priismo hegemónico vivido de 1930 a 1964, del nacionalismo revolucionario con sustitución de importaciones, frente al proyecto modernizador que arrancó en los años 90, mismo que permitió la apertura comercial de México y el ingreso a la economía global competitiva, pero que ahora, en la presente administración la ha calificado indebidamente de “conservadurismo”.
Es pertinente la acción de la sociedad civil, para plantear la necesidad de profundizar en la racionalidad del debate, la tolerancia a lo diferente y diverso, la aceptación del disenso y la pluralidad de opiniones e ideas, que constituyen el núcleo del pensamiento democrático y de esa manera apartarnos de la acción sectaria, que se inclina ante la orden o instrucción de su líder.
El Presidente ya calculó que, con los votos del PRI, podría aprobarse en ambas cámaras la iniciativa de reforma eléctrica, misma que en los hechos es una contrarreforma, pues en 2013 se implementó la reforma que modernizó el sector eléctrico nacional, con la concurrencia de los partidos que forman hoy la llamada coalición opositora, en esa ocasión los opositores fueron legisladores que entonces estaban en el PRD y hoy militan en Morena, por lo que en plena congruencia, quienes aprobaron esa reforma en 2013, tienen hoy la obligación de defenderla de la destrucción por contrarreforma y presentar los argumentos que en su momento propiciaron que se considerara positiva dicha reforma.
Durante tres años hemos visto a un poder legislativo, acrítico y sometido al poder ejecutivo, con una oposición disminuida y sin impacto en materia legislativa, a partir del 01 de septiembre de este año, la ocupación de curules es mayor para los partidos opositores, están ante la oportunidad de hacer de las cámaras, auténticos espacios de debate abierto de ideas, programas y proyectos, alejados de miopía de las ideologías o intereses fijos en rentas electorales, personales y partidarias.
¿Por qué se está permitiendo que el impulso autoritario que busca concentrar en una sola persona, todas y cada una de las decisiones importantes del país, se consolide y construya una autocracia?
¿Por qué en nuestro país, se ha validado como práctica común, que cada seis años se reinvente el mundo, se deshaga lo hecho anteriormente y se enfoquen en sentido inverso todos logros que provengan de anteriores gobernantes?
Los mexicanos estaremos aceptando vivir en ciclos sexenales que actúan pendularmente, con el costo y profundo desgaste que provoca no tener un rumbo definido para abordar la ruta del desarrollo y el crecimiento de la economía, así como las oportunidades para sus habitantes, pues no existe un rumbo de largo plazo que oriente las políticas públicas, más allá del capricho sexenal.
La falta de auténtica división de poderes públicos y la ausencia de profesionalización de la administración pública, mantienen a la república sin faro que dé rumbo a todas las acciones de gobierno y de políticas públicas. El país no acierta a definir hacia donde se dirige y los caprichos de los tlatoanis mantienen al electorado en un hechizo perverso que denomino síndrome de Penélope, quien de noche deshacía lo realizado durante el día. Percibimos una interminable postergación en ciclos sexenales, que solo la sociedad organizada y activa puede romper.
¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.
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