La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el miércoles 25 de febrero la iniciativa de reforma electoral que su gobierno enviará al Congreso de la Unión la próxima semana. En un evento en Palacio Nacional, la mandataria delineó diez ejes rectores de una propuesta que, de aprobarse, reconfiguraría de manera sustancial el andamiaje político, institucional y financiero sobre el que descansa la democracia mexicana. No se trata de ajustes menores: estamos frente a una reforma que, en muchos de sus puntos, no tiene precedente desde la creación del IFE en 1990. Aquí, eje por eje, lo que propone Sheinbaum y lo que implicaría para el México de los próximos años.
Eje 1 — Reducción y rediseño del Congreso
Qué propone: La Cámara de Diputados se mantiene en 500 legisladores, pero se elimina por completo el esquema de listas cerradas. Los 200 diputados que hoy se asignan por representación proporcional mediante listas que los partidos ordenan a su gusto, pasarán a ser electos mediante voto directo y abierto de la ciudadanía. En el Senado, el golpe es más radical: de 128 escaños se pasa a 96, eliminando definitivamente la lista de representación nacional que actualmente garantiza 32 curules a las cúpulas partidistas.
Qué implicaría para el país: Durante décadas, los llamados “plurinominales” fueron el mecanismo mediante el cual los dirigentes nacionales de los partidos colocaban a sus allegados, financieros, operadores políticos y familiares en el Congreso sin necesidad de someterse al juicio de las urnas. Eliminar ese sistema significa, en teoría, que cada legislador deberá ganarse su espacio de cara a los ciudadanos. Sin embargo, la transición no es sencilla: los partidos pequeños, como el PT o el PVEM, sobreviven precisamente gracias a esas listas. Sin ellas, su representación parlamentaria podría colapsar y con eso, el pluralismo político que las reformas electorales previas buscaron construir. El debate de fondo es uno que trasciende siglas: ¿queremos un Congreso más genuinamente representativo aunque eso implique mayorías más aplastantes, o preservamos mecanismos de compensación que garanticen voces diversas aunque sean elegidas por unas cuantas personas en una sala cerrada?
Eje 2 — Austeridad electoral: recorte del 25 por ciento
Qué propone: La iniciativa plantea una reducción del 25 por ciento en el costo total de los procesos electorales, lo que se traduciría en recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, los tribunales electorales, los Organismos Públicos Locales Electorales y el financiamiento de los partidos políticos nacionales.politica.expansion+2
Qué implicaría para el país: El argumento del gobierno federal es sencillo y políticamente potente: ¿por qué destinar miles de millones de pesos a estructuras burocráticas electorales cuando hay necesidades sociales urgentes? No obstante, el INE ya ha advertido en su propio documento de propuestas que reducir el presupuesto de la autoridad electoral sin una reestructura paralela de sus funciones, pone en riesgo la calidad técnica de las elecciones. Organizar comicios concurrentes en las 32 entidades del país, al tiempo que se gestionan elecciones del Poder Judicial, no es barato. El riesgo real es que la austeridad se convierta en un caballo de Troya: una autoridad electoral con menos recursos es también una con menor capacidad de fiscalización, menor músculo para auditar a los partidos y menor independencia frente al poder político. La historia de México enseña que elecciones baratas no son sinónimo de elecciones limpias.politica.
Eje 3 — Prohibición de la reelección consecutiva
Qué propone: Se proscribe la reelección inmediata para todos los cargos de elección popular sin excepción: presidencia, gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y sindicaturas. La medida entrará en vigor a partir del proceso electoral 2030.
Qué implicaría para el país: La reelección legislativa consecutiva, aprobada en la reforma de 2014, fue concebida como un mecanismo de profesionalización y rendición de cuentas: si un legislador quería volver, tenía que responder ante su electorado. Eliminarla regresa al sistema al viejo axioma priísta del “no reeleccionismo”, que en la práctica favoreció el control de las cúpulas sobre sus legisladores, porque ninguno de ellos tiene incentivos para construir una carrera parlamentaria autónoma. Para los municipios del interior del país como los nayaritas, esto tiene consecuencias concretas: presidentes municipales que estaban construyendo proyectos de largo plazo tendrán que ceder el cargo, y los partidos volverán a tener el poder de imponer a sus candidatos sin que el ciudadano pueda premiar o castigar la gestión previa con su voto.
Eje 4 — Prohibición del nepotismo político
Qué propone: Se introduce en el texto constitucional una prohibición expresa para que los cónyuges, hermanos, hijos o cualquier familiar en primer grado de un funcionario o político en funciones puedan ocupar cargos de elección popular en la misma demarcación o cargo.
Qué implicaría para el país: Este punto es, sin duda, el de mayor impacto simbólico y cotidiano en estados como Nayarit, donde es común observar cómo el poder político se hereda dentro de familias que controlan municipios, distritos o escaños durante generaciones. La norma antidinástica busca romper esas redes de poder familiar que funcionan como feudos. No obstante, su aplicación práctica presenta enormes dificultades: ¿cómo se verificará el parentesco?, ¿qué autoridad tendrá la última palabra en caso de impugnación? Sin reglamentación específica y robusta, la norma corre el riesgo de quedar como letra muerta o de ser usada de manera selectiva para perseguir adversarios políticos.
Eje 5 — Control financiero de campañas y acceso al sistema bancario
Qué propone: Se prohíbe tajantemente el uso de dinero en efectivo en campañas electorales. Todo flujo de recursos deberá realizarse exclusivamente a través del sistema financiero formal. Paralelamente, el INE tendrá acceso oportuno e inmediato a información de operaciones bancarias para rastrear y fiscalizar los recursos en tiempo real.
Qué implicaría para el país: El financiamiento ilegal de campañas es uno de los principales mecanismos a través de los cuales el crimen organizado permea la política electoral mexicana. En estados como Nayarit, con presencia histórica de grupos del narcotráfico, esta reforma toca un nervio particularmente sensible. Obligar a que todo recurso de campaña pase por el sistema financiero es una medida técnicamente correcta, pero que por sí sola no es suficiente. El desafío mayor está en la aplicación: muchas aportaciones ilegales llegan disfrazadas de contratos de servicios, donaciones de empresas fachada o movilización logística difícil de cuantificar. Sin que el INE tenga facultades reales para cruzar datos con la Unidad de Inteligencia Financiera, la medida puede quedarse en una promesa bien intencionada.
Eje 6 — Prohibición de bots y regulación de la Inteligencia Artificial
Qué propone: La reforma prohíbe el uso de bots automatizados y establece reglas específicas para el uso de Inteligencia Artificial durante los procesos electorales. Se busca que cualquier material de campaña generado con IA sea claramente etiquetado como tal y esté sujeto a las normas de propaganda electoral.
Qué implicaría para el país: México llegó tarde a este debate, pero llega. Las elecciones de 2024 ya mostraron el poder devastador de la desinformación digital: deepfakes de candidatos, noticias falsas viralizadas en segundos, granjas de cuentas falsas que manipulan la conversación pública en redes sociales. Legislar sobre esto es urgente y necesario. Sin embargo, la regulación de la IA en campañas presenta uno de los mayores retos técnicos de la historia electoral moderna: la tecnología evoluciona más rápido que cualquier marco jurídico. Si el INE no cuenta con equipos especializados y presupuesto suficiente para monitorear plataformas digitales en tiempo real, la norma quedará rebasada en cuestión de meses. Para periodistas y comunicadores, esta regulación también abre preguntas sobre los límites entre la sátira política legítima y la manipulación electoral con IA.
Eje 7 — Reducción radical de tiempos en radio y televisión
Qué propone: Los tiempos oficiales de transmisión para partidos y candidatos en radio y televisión se reducen de 487 a apenas 35 mensajes por emisora durante los procesos electorales. Esto implica un recorte de más del 90 por ciento en la presencia electoral en medios audiovisuales concesionados.
Qué implicaría para el país: Desde la reforma electoral de 2007, el modelo mexicano apostó por garantizar la equidad en la contienda mediante el acceso igualitario a la radio y la televisión, sacando a los partidos de la lógica del mercado mediático donde gana quien más dinero tiene. Reducir esos tiempos de manera tan drástica implica que los candidatos buscarán otros canales para llegar al electorado, fundamentalmente las redes sociales y las plataformas digitales. Esto beneficia a quienes ya tienen una presencia digital consolidada y recursos para invertir en pauta digital, mientras que margina a los candidatos de comunidades rurales o de menor capacidad tecnológica. Es una reforma que, paradójicamente, podría profundizar la brecha entre política urbana y política rural.politica.
Eje 8 — Voto electrónico y eliminación del PREP
Qué propone: Se plantea la introducción gradual de tecnología de votación electrónica, comenzando por los mecanismos de democracia directa como consultas populares y referéndums, con la perspectiva de ampliarla hacia elecciones municipales y estatales. Al mismo tiempo, se elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como PREP, sustituyéndolo por cómputos distritales inmediatos.
Qué implicaría para el país: El voto electrónico ha sido un debate presente en México desde los años noventa y siempre ha generado resistencias legítimas relacionadas con la auditabilidad, la ciberseguridad y la confianza ciudadana. Países como Brasil lo implementaron con éxito, pero también con décadas de maduración institucional. En México, donde la desconfianza hacia las autoridades electorales sigue siendo alta en amplios sectores de la población, introducir el voto electrónico sin una pedagogía cívica sólida y sin garantías técnicas verificables podría agravar la crisis de credibilidad. La eliminación del PREP, por otro lado, es un cambio técnico menos polémico: los cómputos distritales inmediatos podrían dar resultados más confiables y definitivos desde la noche de la elección, reduciendo el período de incertidumbre que históricamente ha alimentado conflictos poselectorales.
Eje 9 — Representación de mexicanos en el exterior
Qué propone: Se amplía la participación política de la diáspora mexicana, permitiéndole elegir directamente a ocho representantes legislativos federales que defiendan sus intereses específicos desde el Congreso. Esto otorga a los mexicanos en el exterior una voz institucional propia en el poder legislativo nacional.
Qué implicaría para el país: Hay más de 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, sin contar a los que residen en Canadá, Europa y otras partes del mundo. Son millones de ciudadanos que contribuyen con decenas de miles de millones de dólares en remesas al año y que históricamente han sido tratados como una fuente de ingreso para el país, pero no como actores políticos plenos. Otorgarles representación legislativa directa es un acto de justicia democrática, pero también abre interrogantes sobre la fiscalización del voto en el extranjero, el perfil de los candidatos que buscarán estos espacios y la eventual influencia de intereses de política exterior en el Congreso mexicano. En estados expulsores de migrantes como Nayarit, esta reforma tiene el potencial de transformar la relación entre las comunidades transnacionales y sus territorios de origen.
Eje 10 — Democracia participativa en estados y municipios
Qué propone: Se amplían y garantizan los mecanismos de democracia directa, como la consulta popular y la revocación de mandato, extendiéndolos hacia el nivel estatal y municipal con apoyo de herramientas digitales. Se busca que los ciudadanos puedan activar estos mecanismos de manera más sencilla y con umbrales de participación alcanzables.
Qué implicaría para el país: La democracia participativa en México ha sido más aspiración que realidad. Las consultas populares federales han tenido participación limitada y han sido criticadas por ser instrumentalizadas por el poder ejecutivo para legitimar decisiones ya tomadas. Extenderlas a los municipios con herramientas digitales es ambicioso y potencialmente transformador, pero requiere condiciones que hoy no existen de manera uniforme en el país: acceso a internet, alfabetización digital y organismos electorales locales con capacidad operativa real. En municipios rurales de Nayarit o de otras entidades del sur del país, hablar de democracia digital sigue siendo una promesa de futuro más que una realidad presente.
El panorama
Estamos frente a una reforma que tiene tanta profundidad técnica como carga política. Sheinbaum la presenta como un ejercicio de austeridad, modernización y democratización genuina. Sus críticos la leen como un movimiento para consolidar la hegemonía de Morena al eliminar los mecanismos de representación que permiten sobrevivir a las fuerzas minoritarias. La verdad, como suele ocurrir en política, probablemente vive entre ambos relatos. Lo que no admite duda es que el país se encuentra ante una discusión legislativa que definirá las reglas del juego democrático para al menos las próximas dos décadas.
