La presidenta Claudia Sheinbaum defendió férreamente este jueves su iniciativa de reforma a la Ley de Aguas, subrayando que el objetivo innegociable es evitar el acaparamiento y la venta de concesiones entre particulares. Aunque se mostró abierta a revisar la redacción técnica, advirtió que no cederá ante presiones que busquen mantener el mercado especulativo del agua.
La reforma busca recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso hídrico, modificando la Ley de Aguas Nacionales para prohibir la transmisión de derechos entre privados, una práctica común en el sector agrícola e industrial que ha derivado en un “mercado negro” del agua.
La propuesta establece multas de hasta 12 millones de pesos y penas de cárcel por extracción ilegal. Contempla un fondo de reserva de aguas nacionales para garantizar el abasto humano y prohíbe cambiar el uso de concesiones agrícolas a industriales o inmobiliarias. El sector agrícola consume actualmente el 76% del agua disponible en el país.
El diputado priista Rubén Moreira criticó que la ley tiene efectos retroactivos que desincentivan la inversión y advirtió sobre la centralización excesiva de trámites en la CDMX. Expertos del sector señalan que el verdadero problema es la cartera vencida del 50% en los organismos operadores municipales, más que la falta de regulación federal.
Sheinbaum instruyó a Gobernación y Conagua a acelerar el cabildeo para votar la reforma antes de que termine el actual periodo de sesiones, asegurando que el agua debe ser tratada como derecho humano y no como mercancía.
