La investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, dio un giro dramático este fin de semana con la detención de siete policías municipales que fungían como sus escoltas. La Fiscalía General de Michoacán ejecutó las órdenes de aprehensión acusando a los agentes de homicidio por omisión y, más grave aún, de la ejecución extrajudicial del presunto autor material del atentado. Según las indagatorias, los escoltas habrían abatido al agresor cuando este ya estaba sometido, una acción que las autoridades interpretan como un intento deliberado de silenciar a un testigo clave que podría haber vinculado el crimen con autores intelectuales de alto nivel.
El caso ha destapado una red de complicidades alarmante. Fuentes cercanas a la investigación, citadas por medios locales, señalan que el atentado lleva el sello del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se reveló que un operador delictivo conocido como “El Licenciado” habría coordinado el ataque, ofreciendo sumas de dinero para llevar a cabo la ejecución en pleno evento público de Día de Muertos. La captura de este operador permitió acceder a comunicaciones cifradas que evidencian la logística detallada del crimen y la posible colusión de las fuerzas de seguridad locales encargadas de proteger al edil.
La detención de los escoltas ha generado una fuerte reacción en la esfera política nacional. El gobernador de Michoacán confirmó que, además de los siete detenidos, hay un octavo escolta prófugo, lo que complica aún más el escenario de seguridad en la región. Este hecho pone en entredicho los protocolos de confianza dentro de las corporaciones policiales municipales, un tema recurrente en la agenda de seguridad pública de México. Analistas sugieren que la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad locales sigue siendo el talón de Aquiles de la estrategia nacional.
Organismos de derechos humanos han anunciado que vigilarán el proceso para asegurar que se respeten las garantías legales, pero también para presionar por una justicia transparente. La ejecución extrajudicial del sicario no solo obstruye la justicia, sino que revela un modus operandi donde las fuerzas del orden actúan como jueces y verdugos para proteger intereses oscuros. La sociedad michoacana, golpeada por la violencia, exige que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, sin importar el rango de los implicados.
Este suceso marca un precedente importante en la administración actual, desafiando la promesa de pacificación en zonas calientes. La Fiscalía de la República podría atraer el caso dado el involucramiento de delincuencia organizada, lo que elevaría el perfil político del asesinato de Manzo y pondría a prueba la capacidad del Estado para desmantelar las estructuras de protección institucional con las que operan los cárteles en el occidente del país.
