La batalla contra el robo de combustible, conocido popularmente como “huachicoleo“, ha entrado en una fase de sofisticación tecnológica sin precedentes. El Gobierno Federal ha anunciado el endurecimiento de su estrategia mediante la implementación de sistemas de “trazabilidad digital” para los hidrocarburos. Esta medida busca atacar no solo la extracción ilegal en ductos, sino una modalidad más silenciosa y costosa para el erario: el “huachicol fiscal“.
El huachicol fiscal consiste en la importación de combustibles bajo fracciones arancelarias falsas para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Con la nueva trazabilidad, las autoridades podrán monitorear la ruta de cada litro de gasolina desde su entrada al país hasta su venta al consumidor final, cerrando las brechas que permitían a grandes contrabandistas operar bajo la fachada de empresas legales.
Esta ofensiva tecnológica ya está dando resultados tangibles en el terreno. En las últimas semanas, operativos conjuntos entre la Guardia Nacional, el Ejército y el SAT han logrado aseguramientos históricos de millones de litros de hidrocarburo ilegal en estados fronterizos como Tamaulipas y Coahuila. Estos golpes no solo recuperan recursos para la nación, sino que debilitan las finanzas de los grupos criminales que diversificaron sus actividades hacia el mercado energético negro.
El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue contundente este sábado al advertir que la estrategia no se detendrá en los decomisos. “Habrá más detenciones relacionadas con estas redes, caiga quien caiga”, sentenció, señalando que las investigaciones apuntan tanto a operadores materiales como a los beneficiarios financieros de este esquema de corrupción. La política de “cero impunidad” se reafirma como el eje central de la seguridad energética.
Con estas acciones, la administración federal busca enviar un mensaje claro a los mercados y a la delincuencia: el sector energético no es tierra de nadie. La combinación de inteligencia financiera, tecnología de punta y fuerza operativa promete recuperar el control total sobre la distribución de combustibles, garantizando que los recursos que genera este sector estratégico se traduzcan en bienestar para el país y no en ganancias para el crimen.
