Con una mueca que pretendía ser una sonrisa y acompañado en palacio de gobierno por Alejandro Encinas, subsecretario para los derechos humanos del gobierno federal, el gobernador Miguel Ángel Navarro firmó un convenio con las representaciones de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada en Nayarit. La imagen no deja de ser surrealista, toda vez que resulta imposible desvincular la imagen del Dr. Navarro de quienes fueron sus mecenas en los procesos electorales del 2017, 2018 y 2021, Edgar Veytia y Roberto Sandoval. Detenido el primero en marzo del 2017, cuando el doctor realizaba precampaña para la gubernatura y el segundo, arrestado justamente el mismo día en que era elegido gobernador del estado en junio del 2021. Entre 2011 y 2017, periodo en que gobernaron ambos personajes, las desapariciones forzadas se incrementaron sustancialmente en nuestro estado, por lo que, la firma del dichoso convenio a muchos nos pareció un acto protocolario sin mayor alcance. Una simulación grosera para las familias que perdieron un familiar gracias a la ola de terror del gobierno de la gente.
Pues bien, una grosería peor está por cocinarse en los próximos días contra estos colectivos de personas que buscan a sus familiares víctimas de desaparición forzada: se trata de los vicios en el proceso de selección de quien habrá de ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Nayarit.
En este punto, cabe señalar que existe un personaje inscrito en este proceso al que los integrantes de todos los colectivos involucrados han manifestado su apoyo. De él dicen que contrasta con la frivolidad del actual Comisionado, el Lic. Chirino Valero, quien no deja de ser un burócrata poco empático que lejos de allanarles el camino a los familiares de las víctimas, con su indiferencia hacia ellos muchas veces entorpece sus trabajos por encontrar a sus familiares desaparecidos. Con esta experiencia en mente, los grupos interesados buscan en el nuevo titular de esta Comisión a un aliado que pueda entenderlas y auxiliarlas, siendo esta persona el Lic. Arturo Gerardo García Álvarez.
Todo comenzó durante la etapa de las entrevistas, donde unas declaraciones del Diputado Luis Zamora en el sentido de exhibir algunas observaciones administrativas del Lic. Arturo García, fueron replicadas por medios de comunicación como si la intención fuera desacreditar al aspirante antes de tiempo. Días después, el diputado Zamora se retractó de sus dichos y se dijo respetuoso del proceso, sin embargo, la sospecha de un proceso viciado ya estaba sembrada.
Después, el 2 de febrero, durante la reunión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el presidente de la misma, el diputado Héctor Santana, durante una de sus participaciones tuvo el encanto de decirles a los integrantes de los colectivos que se dieron cita a la sala de comisiones que “ellos no tenían voz”. Al diputado Santana parece haberlo traicionado su subconsciente, pues con esa expresión, además de sus reiteradas peticiones para “unirnos en lo que aquí se decida”, genera la impresión de estar anticipando que finalmente la votación favorecerá al o la aspirante que impulse el gobernador Navarro Quintero.
Otra muestra de los vicios en este proceso es el hecho de que en la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado dejaron fuera al licenciado Arturo. En la terna enviada la semana pasada por el gobernador del estado, estaban incluidos los aspirantes Briana Guadalupe Guzmán -quien parece ser la persona que se pretende imponer desde palacio de gobierno-, José Ramón García Meza y Briana Guadalupe Guzmán, sin embargo, después de una manifestación que realizaron los colectivos la mañana del pasado martes, misma que dio pie a una reunión con el secretario general de gobierno, se llegó al acuerdo de cambiar la terna original para incluir al personaje que los colectivos solicitan sea el próximo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Nayarit.
La modificación de la terna original sin lugar a duda fue un triunfo de los colectivos, pero no deben confiarse. No revelo ningún secreto cuando digo que la separación de poderes en Nayarit es una leyenda de la que se habla mucho pero que no se conocen pruebas de su existencia. Los nombramientos de funcionarios regularmente obedecen a consignas donde un personero del gobernador dice horas antes de cada votación cuál es el personaje que quieren que quede y la mayoría de los diputados vota por el agraciado sin mayor reparo de conciencia.
Dicho lo anterior, desde este modesto espacio, deseo que cuando se lleve a cabo la votación para elegir a quien habrá de acompañar a las familias de las victimas durante los próximos años, se tenga la delicadeza de respetar la voluntad de los colectivos, quienes ya mucho han padecido la ausencia de sus seres queridos y el suplicio cotidiano de buscarlos día con día sin saber qué fue de ellos, como para encima ser revictimizados por un gobierno tan estrechamente vinculado a los criminales del pasado reciente y por un Poder Legislativo lacayo y sumiso.
