Aun cuando algunos celebraron como un triunfo la aprobación que dio la Cámara de Diputados esta semana a la legislación que regula el consumo, cultivo y comercio de la marihuana con fines recreativos en todo el territorio nacional, la realidad es que no termina de gustar y no pocas asociaciones y colectivos han pedido que se le hagan modificaciones antes de que sea ratificada en el Senado de la República, lo cual deberá ocurrir a más tardar el 30 de abril próximo.
El pasado miércoles, en el Congreso de la Unión, los diputados hicieron cambios que aprobaron y pasaron al Senado donde se prevé se quede tal cual la minuta. Y precisamente esa es la preocupación de asociaciones y analistas enfocados en la regulación de drogas en México, ya que por más reformas que se hagan, esta vez “regulando” el uso lúdico de la marihuana, no quedó eliminada por completo la prohibición de su consumo, se menciona en una publicación de Infobae.
Precisamente, la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), es uno de los grupos que ha hecho esta advertencia. Ellos se dedican, desde 2012 a trabajar en pro de reformar la política de drogas en México, a fin de reorientar los esfuerzos de seguridad.
Han estado litigando desde 2015 de la mano de colectivos para eliminar la prohibición del uso de la marihuana. Hasta en cinco ocasiones han logrado obtener amparos. En la última ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que la prohibición absoluta del consumo de cannabis para uso personal es inconstitucional y ordenó al Congreso cambiar la ley antes del 30 de abril de 2021.
“¿Qué se aprobó? Se habilita la existencia de un mercado legal de cannabis regulado a nivel nacional, que convertiría a México en el tercer país con un mercado de cannabis legal, después de Uruguay y Canadá”, dijo la directora de incidencia de MUCD, Tania Ramírez a Infobae. “Entonces se permiten tres tipos de uso: el industrial, el medicinal y el personal”.
Sin embargo, hay un punto clave que en la Cámara Baja pasaron por alto y redefine el resultado que se logrará con toda esta legislación: no se ha eliminado de manera total la prohibición del consumo de cannabis.
Y es que, entre otras cosas, la legislación solo amplía de cinco a 28 gramos la cantidad de marihuana que se puede portar, pero prevé multas por poseer entre 28 y 200 gramos, y penas de prisión de hasta 15 años por portar más de 200 gramos.
“Pese a que se habilita todo este mercado regulado, en realidad todo el régimen legal que pesa sobre todas las actividades, desde la posesión hasta la distribución a título gratuito, toda la cadena sigue estando penalizada y además ahora sujeta a multas. Eso diluye mucho los efectos de tener un mercado regulado, si en los hechos las personas aún cuando estén en posesión de las cantidades permitidas, que ahora son 28 gramos, pueden seguir siendo detenidas y llevadas al Ministerio Público para ver si efectivamente llevan esa cantidad, perpetuando todas las prácticas de extorsión, discriminación y criminalización que conocemos hasta ahora”, alertó la especialista.
Entonces plantea un mismo escenario con dos finales distintos: en el primero, una persona va y compra cannabis a una tienda en un barrio de Polanco; sale del negocio y continúa con su día con tranquilidad. En el segundo ocurre la misma escena, pero en un barrio empobrecido; es más probable –porque lo dicta lo ya visto– que la policía casi estará esperando afuera para detener al consumidor con el pretexto de saber cuántos gramos lleva consigo.
Para la MUCD el simple aumento de las cantidades por las cuales se puede sancionar penalmente, no elimina los espacios de extorsión ni la posibilidad de que la policía detenga arbitrariamente a las personas por apariencia sospechosa.
Incluso, varios de los mismos legisladores se pronunciaron en mismo sentido que MUCD, ya que criticaron que varias de las reservas aprobadas buscan “penalizar” todavía más el consumo de la planta.
“Lo peor de todo es que no se está cumpliendo cabalmente con lo que ordenó la Suprema Corte, que era terminar con el sistema de prohibición sobre la cannabis. Ahora no solo tenemos sanciones penales, sino también administrativas. Y un sistema que además sobre regula: si tú quieres cultivar en tu casa vas a tener que tramitar un permiso, para los 28 gramos también vas a necesitar una autorización”, advirtió Ramírez.
El llamado que la asociación hace a los senadores ahora es para corregir el proyecto y cumplir con el mandato de la SCJN de eliminar la prohibición absoluta de consumo de cannabis.
“El Senado no debe hacer oídos sordos, aún estamos a tiempo de que esto cumpla con lo dicho por la Corte y que no sea una oportunidad histórica perdida de hacer que el mercado de cannabis también tenga justicia social”.
Por su parte, la ONG, México Unido Contra la Delincuencia destacó que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clara y ordenó al legislativo eliminar su prohibición y regular todas las acciones necesarias para acceder al consumo, el proyecto de ley aprobado incumple con este mandato, refiere Animal Político.
Con ello, señala, se pierde la oportunidad de dejar de criminalizar usuarios, evitar que la policía y otras autoridades persigan administrativa y penalmente la posesión de la sustancia y reorientar la estrategia de seguridad hacia la persecución de otros delitos que sí dejan víctimas.
El dictamen solo modifica la tabla de cantidades de posesión toleradas para consumo personal y cambia las cantidades que se considerarán narcomenudeo y narcotráfico, pero “mantiene un sistema de umbrales de tolerancia que genera inseguridad jurídica para los usuarios, pues hace difícil comprender cuándo están cometiendo un delito y cuándo una falta administrativa”, indica la organización.
Además, el dictamen no elimina el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad económica que se dediquen a éste como actividad primordial.
“De esta manera perpetúa la marginación y el castigo penal de nuestros campesinos; las personas más afectadas por la prohibición y a quienes deberíamos integrar al mercado legal, no mantener en la ilegalidad”.
México Unido Contra la Delincuencia hizo un llamado al Senado de la República a corregir el proyecto y cumplir con el mandato de la SCJN de eliminar la prohibición absoluta de consumo de cannabis.
La coalición Regulación Por La Paz consideró que el avance en la iniciativa es un hecho histórico, sin embargo,
Habrá que esperar a conocer si el senado decide meterle mano para hacer los ajustes que se solicitan, pues persisten áreas problemáticas: mantienen la criminalización de la posesión simple, la sobre regulación del auto cultivo, además no garantiza la reparación del daño a comunidades a personas, cultivadoras, indígenas, mujeres y juventudes.
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