El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha logrado algo de lo que quizá no se tenga precedente, al menos en nuestro país. Con su iniciativa para modificar la ley eléctrica, ha conseguido reunir en su contra a empresarios, analistas, investigadores, académicos, políticos, instituciones, organismos y hasta países, los cuales no se han limitado a emitir declaraciones u opiniones en torno al tema, sino que ya incluso, se tiene información de que ha recibido cartas del extranjero donde le solicitan con un tono elevado detener esa propuesta etiquetada con carácter de preferente, y a la que el mandatario mexicano ha advertido no está dispuesto a cambiarle una sola coma.
Fue el 29 de enero pasado, que López Obrador envió a la Cámara de Diputados la mencionada iniciativa preferente para reformar la Ley de la industria Eléctrica, la cual ha generado importantes controversias que han traspasado las fronteras, siendo que se presume, viola el acuerdo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) en relación con que el Estado no debe dar un trato discriminatorio a inversionistas extranjeros y nacionales.
Según empresarios, legisladores y expertos en el tema la iniciativa busca impedir la competencia en el sector eléctrico nacional y viola los derechos de libre concurrencia y la certeza jurídica.
Pese a las múltiples críticas, la mañana del martes 9 de febrero, López Obrador enterró toda esperanza de que pudieran venir cambios a su reforma al sector eléctrico luego de que el Congreso estableciera parlamento abierto para su análisis. "Nada", dijo el presidente, refiriéndose a que no se le cambiaría ni una coma.
El presidente se ha mantenido firme en la defensa a su propuesta, insistiendo en que no se cambiaría el objetivo de salvar la industria nacional eléctrica y petrolera, pues argumenta que de no haber un cambio, "al final de este sexenio (los privados) iban a manejar el 80% del mercado de la industria eléctrica, sin beneficios para los mexicanos".
Además, lanzó una dura amenaza: "Les vamos a sacar la cuenta de todo lo que se han llevado, porque es lo mismo que lo de la venta del gas, de los reclusorios, de las medicinas. Por eso toda una campaña en contra. Vamos a defender, no solo a la CFE y a Pemex, sino a la hacienda pública y la economía", dijo.
Pero al mismo tiempo que el bombardeo en contra de su iniciativa ha proseguido, el documento estuvo a escrutinio de los legisladores, quienes ayer miércoles en la comisión de economía votaron en sentido de rechazarla.
“La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados consideró inviable la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, y argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que emitió la Secretaría de Energía.
De acuerdo a la opinión negativa que emitirá la Comisión, encabezada por el priista Fernando Galindo, se menciona que de aprobarse la propuesta del mandatario federal, se tendrá un impacto en las tarifas eléctricas, las cuales aumentarán y afectarán a los consumidores.
Señala que la reforma viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) en relación con que el Estado no debe dar un trato discriminatorio a inversionistas extranjeros y nacionales”.
También recuerda que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al recinto legislativo de San Lázaro no aprobar en sus términos la iniciativa, pues quebranta la Constitución y afecta los principios de competencia, libre concurrencia en la generación y suministro de electricidad”.(Forbes17/02/2021).
Por otro lado, se estima que el 23 de febrero, la Comisión de Energía dictamine la reforma, pues sólo cuenta con 30 días naturales para ser avalada y enviada al Senado, y será interesante conocer el sentido de esa votación para saber si como ya en otras ocasiones, los morenistas y sus aliados dan un cheque en blanco a las propuestas del Ejecutivo y la aprueban aun conociendo las controversias preexistentes, o se atreverán a ir en contra.
Lo cierto es que no se puede hacer oídos sordos a las advertencias que ya decía, vienen de prácticamente todos los sectores:
Por ejemplo, La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (Iniciativa), ya que podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica. De entrar en vigor, esto podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas, que deberán pagar los consumidores y/o el gobierno mediante subsidios.
Advierte que de aprobarse la Iniciativa, se impediría la competencia en la generación y el suministro de energía eléctrica, pues como está planteada:
-Elimina el despacho económico de electricidad (que implica tomar primero la más barata), y establece el siguiente orden de prioridad para despacharla: 1) las hidroeléctricas (que en su mayoría son propiedad de la CFE), 2) las otras plantas de la CFE, 3) las eólicas y solares, y 4) los ciclos combinados privados. Este orden otorga ventajas exclusivas injustificadas a las generadoras de CFE, garantizándole la venta de su energía sin que necesariamente sea la más barata. Esto eliminaría la competencia entre generadores mediante la disminución de costos y desmotivaría la instalación de proyectos de generación más eficientes y limpios, en perjuicio de los consumidores y el medio ambiente.
-Quebranta la garantía de acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, las cuales son un insumo indispensable para que pueda existir competencia en la generación y el suministro. Para poder competir y llevar la energía desde las centrales eléctricas hasta los usuarios finales, los generadores y suministradores ineludiblemente requieren del acceso abierto no indebidamente discriminatorio a estas redes. Contrario a ello, la Iniciativa propone que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) otorgue dicho acceso “cuando sea técnicamente factible”, sin señalar los criterios para ello y sin considerar que la legislación ya regula las condiciones para las conexiones e interconexiones. Esto otorga al CENACE amplia discrecionalidad para negar el acceso a ciertas centrales, en situaciones donde este no debería ser negado por cuestiones técnicas.
-Permite a CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) adquirir electricidad sin recurrir a mecanismos competidos que garanticen los mejores precios. Como método de transición, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) permitió a CFE SSB firmar contratos legados de suministro para adquirir electricidad de las “Centrales Legadas”, propiedad de CFE, que además de cumplir con ciertos criterios de viabilidad, estaban en operación a la entrada en vigor de la LIE o proyectadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014. Al vencimiento de estos contratos, la CFE SSB solo podría adquirir electricidad a partir de métodos competidos, en específico, mediante las subastas que organiza el CENACE. La Iniciativa propone catalogar como Legada cualquier planta de CFE, incluso las nuevas, y eliminar la obligación de recurrir a las subastas para comprar electricidad. Esto implica que alrededor del 84% de la generación existente tendría derecho a ser adquirida por el principal suministrador del país a través de métodos no competidos. Así, la competencia dejaría de ser el mecanismo para garantizar que CFE SSB (y otros suministradores calificados) adquieran la electricidad a los menores precios posibles, lo que eventualmente incrementaría las tarifas o los subsidios a estas.
-Permite a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negar permisos, considerando los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría de Energía. La ambigüedad de esta facultad permitiría a la CRE, sin causa justificada, dejar de otorgar permisos y cerrar el mercado de la generación.
