Los gobiernos del mundo han decantado miles de millones de dólares para ayudar a las compañías farmacéuticas a desarrollar vacunas y están gastando miles de millones más para comprar dosis. Pero los detalles de esos acuerdos siguen siendo en su mayoría secretos. Los gobiernos y las organizaciones de salud pública han consentido las exigencias de las farmacéuticas de mantener los pormenores en secreto.
Apenas han transcurrido algunas semanas desde el inicio de la campaña de vacunación, pero ese secretismo ya está dificultando el proceso de rendición de cuentas. Las compañías farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca anunciaron hace poco que no iban a poder cumplir con sus objetivos de entrega en Europa, lo que ha causado una preocupación generalizada debido a la propagación de las variantes peligrosas del virus. No obstante, los términos de sus contratos siguen siendo secretos muy bien guardados, lo que complica interrogar a los funcionarios de la compañía o del gobierno sobre responsabilidades o soluciones.
Los documentos disponibles sugieren que las compañías farmacéuticas exigieron y obtuvieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal. En algunos casos, los países tienen prohibido donar o revender las dosis, una prohibición que podría obstaculizar las iniciativas de llevar vacunas a los países pobres.
Los gobiernos están firmando al menos tres tipos de acuerdos de vacunas: algunos les compran directamente a las empresas farmacéuticas. Otros compran a través de organismos regionales como la Unión Europea o la Unión Africana. Muchos recurrirán al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX, por su sigla en inglés), una alianza de más de 190 países que está comprándoles a las farmacéuticas con el objetivo de que las vacunas estén disponibles en todo el mundo —en especial en los países pobres— de manera gratuita o a un costo reducido. Algunos gobiernos han firmado acuerdos tanto con fabricantes como con COVAX.
A pesar del secretismo, algunos documentos gubernamentales y normativos, declaraciones públicas, entrevistas y deslices ocasionales han revelado algunos detalles clave sobre los acuerdos de vacunas.
Desarrollar vacunas es una tarea arriesgada. Las compañías rara vez invierten en la fabricación hasta que están seguras de que sus vacunas son eficaces y pueden obtener la aprobación del gobierno. Esa es parte de la razón por la que suele tomar tanto tiempo desarrollarlas y distribuirlas.
Para acelerar este proceso, los gobiernos —principalmente los de Europa y Estados Unidos— y organizaciones sin fines de lucro como la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés), absorbieron parte o la totalidad de ese riesgo.
Estados Unidos, por ejemplo, se comprometió a destinar hasta 1600 millones de dólares para ayudar a la empresa Novavax, con sede en Maryland, a desarrollar su vacuna contra el coronavirus, según documentos normativos. La CEPI aportó hasta 400 millones de dólares en subvenciones y préstamos sin intereses.
Otras empresas han recibido incluso más ayuda. La compañía de biotecnología de Massachusetts, Moderna, no solo utilizó tecnología desarrollada por el gobierno como la base de su vacuna, sino que también recibió cerca de mil millones de dólares en subvenciones gubernamentales para desarrollar el medicamento. Luego, en agosto, el gobierno realizó un pedido inicial de la vacuna por 1500 millones de dólares. La compañía ha dicho que el proyecto fue pagado en su totalidad por el gobierno federal.
Este tipo de acuerdos se diseñaron para ayudar a las empresas a poner en marcha la fabricación y cubrir costos como los de las pruebas clínicas. A pesar de las enormes inversiones de los contribuyentes, normalmente las empresas farmacéuticas son propietarias absolutas de las patentes. Eso significa que las compañías pueden decidir cómo y dónde se fabrican las vacunas y cuánto cuestan. Como se explica en el contrato de CureVac, la compañía “tendrá derecho a explotar de manera exclusiva” esos derechos de propiedad.
Esto ha sido motivo de discordia durante meses. Una coalición de países, liderada por India y Sudáfrica, ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. La Organización Mundial de la Salud ha respaldado esta idea, pero ha sido prácticamente condenada por la oposición de Estados Unidos y Europa, cuyas farmacéuticas afirman que las patentes —y las ganancias derivadas de ellas— son el sustento de la innovación.
Uno de los términos clave de los contratos de las vacunas —el precio por dosis— está censurado con frecuencia en las versiones públicas de los contratos gubernamentales. Las empresas lo consideran un secreto comercial. Algunas farmacéuticas han incluido cláusulas en sus contratos de suministro que les permiten suspender las entregas si los países revelan el precio.
Al insistir en que sus precios sigan siendo confidenciales, los fabricantes tienen la ventaja sobre los negociadores de los gobiernos, que no saben cuánto están pagando los otros países.
Aunque los gobiernos aceptaron esa disposición, algunas filtraciones e informes oficiales muestran algunas de las disparidades. Según informes de los medios, la Comisión Europea pagó 2.19 dólares por cada dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, mientras que Sudáfrica pagó más del doble, 5.25 dólares.
Es por eso que el mes pasado hubo tanto revuelo cuando un funcionario belga reveló por error una lista de precios, que mostraba que los contribuyentes estadounidenses estaban pagando 19.50 dólares por dosis de la vacuna Pfizer, mientras que los europeos pagaban 14.70 dólares.
Los activistas de salud pública les han pedido a los países ricos —que prácticamente han acaparado el mercado de las primeras dosis— que donen o vendan vacunas a los países pobres. Sin embargo, los contratos podrían restringir la capacidad de los compradores para exportar dosis, lo que podría reducir las ventas de las compañías farmacéuticas.
El contrato de CureVac, por ejemplo, les prohíbe a los países europeos revender, exportar o donar dosis —incluso a COVAX— sin autorización de la empresa. Algunos contratos en Estados Unidos tienen restricciones similares.
Los tiempos de entrega se consideran información patentada, por lo que no existen puntos de referencia públicos con los que medir a una compañía.
Esto ha sido más evidente en la pelea de la Unión Europea con AstraZeneca por el anuncio que hizo la compañía de que no iba a poder entregar la cantidad esperada de dosis en el primer trimestre de este año. Las autoridades europeas afirman haber recibido garantías específicas contractuales para esas entregas. La compañía dice que solo prometió hacer su mejor esfuerzo para alcanzar esos objetivos.
Los funcionarios europeos, que al principio acordaron mantener el contrato en secreto, ahora le están pidiendo a la compañía que lo haga público. A menos que eso suceda, no hay manera de determinar quién es el responsable.
Pero no hay duda de que las farmacéuticas se han forjado un amplio margen de maniobra para un lanzamiento tan ambicioso y complicado como este. El contrato de CureVAc dice que las fechas de entrega (todas censuradas) deben considerarse como estimaciones. “En las fechas de entrega estimadas podría no haber ningún producto disponible o solo volúmenes reducidos del producto”, dice el contrato. Existen disposiciones similares en otros contratos.
Casi todos los fabricantes de vacunas les han dicho de manera similar a los inversores que tal vez no alcancen sus objetivos. “Es posible que no podamos crear o ampliar la capacidad de producción a tiempo”, advirtió Pfizer en un documento corporativo en agosto.
Esa incertidumbre ha frustrado a los funcionarios de salud. Cuando Pfizer le dijo hace poco a Italia que iba a reducir de manera temporal las entregas en un 29 por ciento, el gobierno afirmó estar considerando llevar a la compañía a juicio. Si esa demanda se materializa, se podrían hacer públicos algunos detalles del contrato de la Unión Europea con Pfizer, el cual permanece en total secreto.
En Estados Unidos, las compañías farmacéuticas están protegidas de casi toda responsabilidad si sus vacunas no funcionan o causan efectos secundarios graves. El gobierno amparó a los fabricantes de medicamentos para tratar el COVID-19 bajo la Ley de Preparación Pública ante Emergencias, una ley de 2005 destinada a acelerar el acceso a fármacos durante emergencias sanitarias.
Eso significa que las personas no pueden demandar a las compañías, incluso en casos de negligencia o imprudencia. Las únicas excepciones son casos de “abuso intencional” comprobado.
Las compañías farmacéuticas están buscando exenciones de responsabilidad similares en las negociaciones con otros países. Los negociadores europeos se han negado a conceder tales solicitudes. COVAX también insiste en que los países acepten toda la responsabilidad como parte de sus contratos.
El contrato entre CureVac y la Unión Europea protege a la empresa de gran parte de la responsabilidad, pero con varias excepciones. Esas excepciones están censuradas.
@salvadorcosio1
