El maltrato o crueldad contra los animales domésticos fue adicionado a partir de algunos 5 o 7 años, como delito en varios Códigos Penales de diversas entidades federativas de nuestro país, pero a pesar de que en los últimos años se han presentado grandes avances tendientes a reconocer que los animales son sujetos de derechos en nuestro país, para que se garantice su bienestar y un trato digno a lo largo de su vida, pero también, en el momento de su muerte; aun hace falta mucho trabajo de conciencia cívica.
Este cambio de paradigma, en el que se reconoce que los animales son seres vivos que requieren de especial atención y deber de cuidado por parte de los seres humanos, ha llevado a las entidades federativas de nuestro país a realizar importantes reformas al respecto, como el caso de la Ciudad de México en donde se reconoció a los animales como seres sintientes y, por tal condición deben recibir trato digno, imponiendo a las personas el deber ético y obligación jurídica de respetar la vida e integridad de estos seres.
Es evidente, que estos cambios han representado un avance muy importante en materia de protección y bienestar animal, por lo tanto, para complementar estas reformas y ante los terribles acontecimientos que han sucedido recientemente en nuestra entidad, se considera conveniente impulsar políticas públicas que fomenten el cuidado y protección de los animales, que sean acordes y congruentes con otras que se inculquen desde la formación académica básica y los medios masivos tradicionales y redes sociales digitales.
Se sabe que el maltrato o crueldad animal no solamente se comete por conductas de hacer, sino también por omisiones y negligencias en el manejo o cuidado de los animales, como, por ejemplo, al no suministrarles de manera habitual el vital líquido o alimento, motivo por el cual, para una mayor protección es dable buscar incluir dentro de la responsabilidad social que se pretende masificar, las acciones que se derivan de la omisión y negligencia.
Otra situación que no se contempla actualmente es fomentar la conciencia e inclusive la posibilidad de sancionar a los servidores públicos quienes dentro de las funciones propias de su cargo tienen de manera directa o indirecta el manejo o cuidado de animales domésticos, lo cual, provoca que, aunque ellos sean los principales responsables del maltrato o crueldad animal, no se les pueda procesar al no ser quienes realizan directamente las acciones que lastiman a los animales.
Por lo tanto, se deben socializar campañas públicas que expliquen la omisión y negligencia como formas en que se pueda cometer el delito de maltrato o crueldad contra los animales, también, debe darse a conocer profusamente que es parte de la configuración del delito el causarle dolor o sufrimiento afectando su bienestar, así como contemplar el maltrato o crueldad a los animales silvestres en cautiverio, ya que estas especies, al igual que las domésticas, dependen del cuidado de las personas para subsistir.
Del mismo modo, hay que buscar la manera de incrementar las penas, toda vez que, se estima que las que actualmente se contemplan resultan muy bajas, por lo que, las penas se ajustan a las que actualmente se utilizan en la Ciudad de México y en el caso de las multas, aun se consideran mínimas.
También, debe garantizarse que se apliquen sanciones con la inhabilitación o suspensión para ejercer un cargo o comisión, por un tiempo igual a la pena de prisión, a los servidores públicos que tengan como función directa o indirecta el manejo o cuidado de animales y cometan por acción, omisión o negligencia maltrato o crueldad animal en contra de animales domésticos o silvestres en cautiverio.
Con estas acciones y otras, se busca por un lado, que se fomente una mayor cultura de protección y que no existan más casos en los que los verdaderos responsables de maltrato o crueldad animal no puedan ser procesados, y por el otro lado, que cuando se logre una sentencia condenatoria la sanción tenga implicaciones considerables y no las penas poco significativas que actualmente se aplican.
La organización, Cruelty Free International (CFI), que trabaja alrededor del mundo para terminar con la práctica de experimentación con animales, expuso fotografías de los experimentos despóticos y crueles hacia animales por parte de un laboratorio con operación en España.
El centro de investigación llamado Vivotecnia (con base en Madrid), que realiza experimentos para las industrias cosmética, biofarmacéutica, química, tabacalera y alimentaria; utiliza en sus ensayos una amplia variedad de animales que incluyen monos, conejos, ratas, ratones, perros y cerdos pequeños. En las fotografías divulgadas por CFI, es posible ver a los animales utilizados bajo condiciones estériles, siendo blancos de abusos, golpes y prácticas poco éticas como procedimientos quirúrgicos sin que se les administre anestesia. De acuerdo a la organización, las imágenes fueron capturadas por un denunciante que laboró en el centro de investigación entre el año 2018 y 2020.
Dentro de las fotografías es posible ver perros que son recogidos por la nuca y arrojados a jaulas, el uso de tijeras para decapitar roedores pequeños; ratas plenamente conscientes a las que se les extrae sangre de los ojos, o conejos que huyen de aparatos de sujeción y luego caen y sufren lesiones.
Aquí en nuestro país, el pleno de la Cámara Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para sancionar con seis meses a cinco años de prisión el maltrato animal y de 200 a dos mil días de multa a quien difunda por cualquier medio electrónico peleas de perros, a quien se dedique a la crianza de animales con ese fin lucrativo y a quien permita el ingreso de menores a presencia ese tipo de “exhibiciones o espectáculos”.
Asimismo, los diputados avalaron que se castigue con 4 años de prisión la crueldad animal, pues se estima que cada año mueren en el país un promedio de 60 mil animales por malos tratos.
Con ello se busca garantizar la vida y la integridad física de los animales. 3 de cada diez canes en el país tienen un hogar, 7 de cada diez son objeto de maltrato y el 70 por ciento de los perros se encuentran en situación de calle.
En los supuestos de crianza y entrenamiento de perros para hacerlos participar en cualquier exhibición o espectáculos o actividad que involucre peleas entre dos o más perros, también se incluya las peleas de un perro contra cualquier otro animal para fines lucrativos, de entretenimiento o de cualquier otra índole, en el mismo sentido se ajusta la disposición para prever el caso de compra – venta de perros que tenga como fin involucrarlos en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos perros o un perro contra cualquier otro animal.
La iniciativa también contempla sanciones contra los espectadores de las peleas de perros.
También prevé sanciones a quienes trasmitan por cualquier medio electrónico espectáculos que impliquen peleas de perros y se prevé también sancionar a aquellos que ocasionen que menores presencien exhibiciones o espectáculos de peleas entre un perro contra cualquier otro animal, se incluye también la responsabilidad penal a quienes asistan como espectadores a cualquier exhibición.
La pelea de perros resulta un jugoso y cruel negocio, pues un solo perro de pelea puede generar ganancias hasta de cien mil pesos anuales.
En el país existen más de 18 millones de perros y solo el 30 por ciento de ellos tiene dueño, de hecho, México ocupa el tercer lugar en crueldad animal en el mundo.
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