El Estado de México enfrenta una crisis sistémica de violencia feminicida que se agudiza con cada caso que queda impune. El reciente doble feminicidio en Chimalhuacán, donde una madre presenció el asesinato de sus dos hijas a manos de un exnovio, ha movilizado nuevamente a colectivos feministas y a la opinión pública, que exigen no solo justicia, sino reformas estructurales ante la evidente falla del Estado para proteger a las mujeres.
El caso, reportado el pasado enero de 2025, suma presión a una entidad que mantiene cifras alarmantes: 42 feminicidios registrados de enero a septiembre de 2025, posicionándose como el estado más peligroso para las mujeres en México. Estas cifras no son abstractas: representan vidas truncadas, familias destrozadas y una sociedad que exige un cambio profundo.
I. La Anatomía de un Feminicidio Anunciado
El Caso que Conmocionó a Chimalhuacán
La noche del 11 de enero de 2025, María Teresa Gutiérrez interpuso su cuerpo entre una pistola y sus dos hijas, Alejandra y Andrea Ávalos Gutiérrez. Recibió un disparo en la cabeza y cayó al suelo. Desde ahí, observó impotente cómo sus “bebés” agonizaban a pocos metros de su casa en Chimalhuacán.
Alejandra, de 22 años, era maestra de primaria. Un año antes había terminado su relación con Sebastián “N” debido a la violencia psicológica, verbal y física que ejercía contra ella. Andrea, de 29 años, estaba a punto de graduarse como contadora. Ambas fueron asesinadas en un ataque premeditado que involucró al menos a cinco personas, incluyendo al exnovio de Alejandra, su madre, su tío Sebastián —quien disparó el arma— y dos mujeres que aún no han sido identificadas.
El modus operandi fue meticuloso y brutal: las dos mujeres tocaron la puerta de la casa familiar acusando falsamente a Alejandra de acoso digital. Cuando la discusión escaló, Sebastián “N” bajó de un vehículo estacionado estratégicamente y abrió fuego. Andrea murió en el lugar. Alejandra fue trasladada a un hospital donde falleció el 13 de enero. A casi once meses del crimen, los responsables permanecen prófugos.
Un Patrón de Violencia Ignorado
Este caso expone un patrón recurrente que las autoridades ignoran sistemáticamente. Alejandra había documentado la violencia de su expareja en una carta encontrada por sus padres: “Empezamos a salir y comencé a darme cuenta de cómo era tu círculo social; sin embargo, lo ignoré, cuando claramente las señales estuvieron siempre ahí, los celos, tu enojo fuera de lo común… cada día había más lágrimas, más peleas y más problemas, hasta que llegó el primer golpe”.
La familia descubrió que Sebastián operaba con un patrón: contratar mujeres para agredir a sus exnovias. “Tengo entendido que a una chica la mandaron al hospital un mes, pero por miedo no hizo nada y no fue la única”, relató la familia de las víctimas. Este modus operandi revela no solo premeditación, sino una red de complicidad que permite la repetición de la violencia.
II. México: Epicentro Regional de la Violencia Feminicida
Las Cifras que Desnudan una Emergencia Nacional
México registra un feminicidio cada 10 horas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2024, el país reportó 852 feminicidios oficialmente reconocidos como tal —equivalente a una tasa de 1.3 por cada 100,000 mujeres— pero la cifra total de mujeres asesinadas alcanzó las 3,739. Esto significa que solo el 22.8% de los asesinatos de mujeres se clasifican como feminicidios, una subregistro que invisibiliza la magnitud real del problema.
De enero a septiembre de 2025, se contabilizaron 513 feminicidios en México, aunque organizaciones civiles y colectivos feministas documentan cifras mucho más elevadas al incluir los homicidios dolosos de mujeres que presentan elementos de violencia de género pero no se tipifican adecuadamente.
Estado de México: La Entidad Más Letal para las Mujeres
El Estado de México encabeza consistentemente las estadísticas nacionales. Con 42 feminicidios de enero a septiembre de 2025, concentra el 8.2% de los casos a nivel nacional. Le siguen Ciudad de México con 30 casos, Chihuahua con 35, y Veracruz con cifras también alarmantes.
Pero las cifras van más allá de los feminicidios tipificados. El Estado de México reportó 133 mujeres asesinadas mediante homicidio doloso en el mismo periodo —86 adultas, tres menores y 44 sin edad especificada. Estas muertes violentas revelan que el problema no es solo de tipificación legal, sino de una violencia estructural que permea todos los ámbitos.
Los municipios con Alerta de Violencia de Género por feminicidio en el Edomex son: Toluca, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan y Tultitlán. A pesar de contar con dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género —una por feminicidio desde 2015 y otra por desaparición desde 2019— la violencia persiste.
III. El Fracaso Sistémico: Impunidad y Políticas Ineficaces
El Ritual Burocrático de la Impunidad
“Ya se abrió una carpeta de investigación” se ha convertido en la respuesta estándar del Estado mexicano ante cada feminicidio, una frase que diluye la responsabilidad institucional y condena los casos a un limbo burocrático. Las cifras de impunidad son devastadoras: solo el 4.30% de las carpetas de investigación por delitos de violencia de género se han resuelto entre 2015 y 2021, dejando el 95.7% sin resolver.
Human Rights Watch documentó en 2025 que de aproximadamente 300,000 investigaciones por homicidio doloso abiertas desde 2010 hasta 2022, las fiscalías estatales solo identificaron formalmente un sospechoso en 51,000 casos —una tasa de esclarecimiento del 17%. Esta ineficacia generalizada se agrava en casos de feminicidio, donde las fallas estructurales incluyen:
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Falta de personal calificado: Las fiscalías carecen de investigadores, fiscales y peritos especializados en violencia de género.
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Ausencia de protección para víctimas y testigos: Muchas mujeres y sus familias temen represalias si cooperan con las investigaciones.
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Sistemas burocráticos lentos: La coordinación entre equipos de investigación genera retrasos críticos en medidas básicas de investigación.
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Revictimización institucional: Las víctimas enfrentan criminalización, falta de empatía y violencia institucional al denunciar.
Alertas de Violencia de Género: Mecanismos Sin Resultados
Las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fueron diseñadas como un mecanismo de protección único en el mundo. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente. En México, solo el 5% de las medidas recomendadas por las alertas se ha cumplido en su totalidad, el 39% no han sido cumplidas y el 56% están en proceso de cumplimiento.
El Estado de México ha invertido 1,325 millones de pesos desde 2015 en atender las alertas de género, pero el impacto ha sido mínimo. De 2015 a 2024, la entidad acumuló más de 4,300 casos de mujeres asesinadas de forma violenta, lo que evidencia que los recursos no se traducen en políticas de prevención efectivas.
Organizaciones civiles y colectivos feministas han denunciado reiteradamente que las alertas carecen de indicadores de impacto verificables, los programas de capacitación no reflejan resultados y persiste la permisividad de operadores del sistema de justicia.
IV. La Respuesta Social: Colectivos Feministas en Primera Línea
Movilización ante la Indiferencia Institucional
El 25 de noviembre de 2025, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, miles de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México y otras ciudades del país bajo la consigna “¡No llegamos todas!”. La marcha partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y culminó en el Zócalo capitalino, donde se exigieron acciones concretas.
Las demandas centrales de los colectivos incluyen:
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Justicia para las víctimas: Miles de casos sin resolver exigen respuesta inmediata.
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Presupuesto garantizado para refugios: Los espacios de protección enfrentan recortes constantes.
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Alto a la criminalización de activistas: Las mujeres que alzan la voz enfrentan represión estatal.
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No repetición de la violencia: Implementación de políticas de prevención efectivas.
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Visibilización de la omisión institucional: Responsabilizar al Estado por su inacción.
Organizaciones como la Red Nacional de Refugios, Amnistía Internacional México, colectivas como “Nos Necesitamos Juntas México AC” y otras agrupaciones feministas mantienen una agenda permanente de acompañamiento a familias, documentación de casos y exigencia de justicia.
Acompañamiento Integral: La Contención que el Estado No Ofrece
Ante la insuficiencia institucional, los colectivos feministas han desarrollado redes de apoyo integral que incluyen acompañamiento psicológico, legal y comunitario. Organizaciones como FEMXFEM A.C., Cruces X Rosas y La Comisión 123 por Nosotras ofrecen respuesta de emergencia multidisciplinaria a mujeres afectadas por la violencia.
La Red Nacional de Refugios opera más de 75 espacios de prevención, atención y protección para mujeres, niñas y niños en situación de violencia. Sin embargo, estos refugios enfrentan desfinanciamiento crónico y amenazas de cierre, lo que pone en riesgo la vida de cientos de mujeres que dependen de estos espacios temporales de seguridad.
V. Tipificación del Feminicidio: Avances Legales, Aplicación Deficiente
El Marco Legal Vigente
México tipificó el feminicidio como delito autónomo en el Código Penal Federal en 2012. El Artículo 325 establece que comete feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género, considerando elementos como:
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Signos de violencia sexual de cualquier tipo.
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Lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes.
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Antecedentes de amenazas, acoso o violencia previa.
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Exposición del cuerpo en un lugar público.
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Incomunicación de la víctima previa a la muerte.
Las penas oscilan entre 40 y 60 años de prisión. Los 32 estados de la República han incorporado el feminicidio en sus códigos penales, aunque con variaciones en las penas —algunas entidades contemplan hasta 70 años de prisión.
La Brecha entre la Ley y la Realidad
A pesar de este marco legal robusto, la tipificación presenta fallas estructurales en su aplicación. El principal problema radica en que solo el 24.6% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio, mientras que el resto se clasifica como homicidio doloso, invisibilizando el componente de género.
Organizaciones civiles documentan que al menos 34,715 mujeres, niñas y adolescentes han sido asesinadas en México desde 2015 hasta abril de 2025 —un promedio de 10 casos diarios. Sin embargo, solo una fracción mínima alcanza la justicia: apenas 0.6% de los casos de feminicidio logra una sentencia condenatoria.
Las causas de esta brecha incluyen falta de perspectiva de género en las fiscalías, desconocimiento de protocolos de investigación, corrupción, colusión con agresores y la carga probatoria excesiva que se impone a las víctimas y sus familias.
VI. Perspectivas y Recomendaciones: Hacia una Estrategia Integral
Reformas Urgentes al Sistema de Justicia
Para revertir la crisis de violencia feminicida, México requiere transformaciones estructurales que vayan más allá de discursos oficiales:
1. Fortalecimiento de las fiscalías especializadas: Incrementar el personal capacitado con perspectiva de género, peritos forenses especializados y recursos materiales suficientes para investigaciones exhaustivas.
2. Protección efectiva para víctimas y testigos: Implementar programas robustos de protección que garanticen la seguridad de quienes denuncian y colaboran con las investigaciones.
3. Rendición de cuentas sobre Alertas de Violencia de Género: Establecer indicadores de impacto verificables, auditorías externas y consecuencias para funcionarios que incumplan las medidas dictadas.
4. Presupuesto garantizado y etiquetado: Asegurar recursos suficientes para refugios, centros de atención, líneas de emergencia y programas de prevención, con prohibición expresa de recortes.
5. Coordinación interinstitucional efectiva: Mejorar la coordinación entre fiscalías, comisiones de víctimas, refugios y organizaciones de la sociedad civil para garantizar atención integral.
Prevención y Transformación Cultural
La erradicación de la violencia feminicida no es solo un asunto de seguridad pública, sino un objetivo urgente para lograr la igualdad sustantiva de género. Esto requiere:
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Educación con perspectiva de género desde la infancia, que desmovilice estereotipos y roles violentos.
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Campañas masivas de sensibilización que visibilicen todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia digital.
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Fortalecimiento de redes comunitarias de apoyo y detección temprana de situaciones de riesgo.
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Involucramiento de hombres en la prevención de la violencia y la construcción de masculinidades no violentas.
Justicia Restaurativa y Acompañamiento a Víctimas Indirectas
Las familias de las víctimas —como la de Alejandra y Andrea Ávalos— enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino la revictimización del sistema de justicia. Es fundamental garantizar:
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Acompañamiento psicológico especializado de largo plazo para víctimas indirectas.
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Asesoría jurídica gratuita y accesible durante todo el proceso de investigación y judicialización.
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Reparación integral del daño que incluya compensación económica, disculpas públicas y garantías de no repetición.
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Memoriales y espacios de dignificación de las víctimas que honren su memoria y mantengan viva la exigencia de justicia.
Conclusión: Un Llamado a la Acción Colectiva
El caso del doble feminicidio en Chimalhuacán no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis estructural que demanda acción inmediata y sostenida. Con más de 800 feminicidios documentados en lo que va de 2025 y miles de casos en impunidad, México enfrenta una emergencia nacional que requiere voluntad política, recursos adecuados y un cambio cultural profundo.
Los colectivos feministas han demostrado que la presión social es fundamental para mantener los casos en el radar público y exigir respuestas del Estado. Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer únicamente en las organizaciones civiles y las familias de las víctimas. Es el Estado mexicano quien debe garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tal como lo establecen la Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los tratados internacionales que México ha ratificado.
La marcha del 25 de noviembre de 2025 fue, una vez más, un recordatorio de que mientras el Estado permanezca omiso, las mujeres seguirán organizándose, resistiendo y exigiendo justicia. Como señalan las consignas que resuenan en las calles: “No llegamos todas, y no descansaremos hasta que la violencia feminicida sea historia”.
