Mientras los reflectores nacionales iluminan el éxito del ‘Mega Operativo Nuevo Nayarit‘, una sombra de impunidad selectiva se alarga sobre la historia reciente del estado. La semana pasada, el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron cifras históricas: la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados de patrimonio estatal que habían sido despojados irregularmente a través del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).
El valor de este botín inmobiliario recuperado es astronómico: se estima en cerca de 50 mil millones de pesos, un golpe contundente a una red de corrupción que operó entre 2005 y 2021. Sin embargo, la justicia federal parece tener un filtro político.
La excepción Echevarría
Aunque la trama de corrupción implica a tres exmandatarios, la vara de la justicia no mide igual a todos. Mientras los priistas Ney González (prófugo) y Roberto Sandoval (preso) enfrentan todo el peso del Estado, el panista Antonio Echevarría García permanece intocable.
Esto no es por falta de pruebas. Como documentó el periodista Abel Barajas en el diario Reforma, existe una denuncia formal que involucra directamente a Echevarría en un presunto quebranto de 9 mil 598 millones de pesos por la venta ilegal de bienes. Pese a la magnitud de esta cifra, la FGR decidió no solicitar orden de aprehensión en su contra, convirtiéndolo en el único exgobernador de la lista negra que goza de libertad absoluta.
El boquete de los 2 mil millones
La inacción judicial contrasta violentamente con la realidad administrativa. Al “perdón” de facto de la FGR se suma un hallazgo técnico irrefutable: según el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021, la administración de Echevarría dejó un boquete de 2,065.6 millones de pesos en fondos federales sin aclarar tan solo en su último año de gestión.
Esa cifra convirtió a Nayarit en la entidad con el mayor monto de irregularidades en Gasto Federalizado Programable de todo el país durante 2021. Es decir: Echevarría no solo carga con la sombra del desfalco inmobiliario del FIBBA, sino con el desorden financiero administrativo más grave de México en su año de despedida.
Protección desde el centro
El blindaje del exgobernador panista no es fortuito. Su relación “tersa” con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su cuatrienio (2017-2021) le valió un trato privilegiado. La promesa de una embajada, que nunca llegó, se canjeó finalmente por un puesto clave: su ratificación como consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), avalada por el Senado pese al rechazo inicial de las bancadas.
El ‘Mega Operativo’ es un triunfo patrimonial indiscutible para Nayarit. Pero mientras la ley persiga a unos y perdone a quien carga con denuncias por 9 mil millones y auditorías por otros 2 mil, el mensaje es claro: la corrupción se castiga, salvo que el infractor sea el “amigo” en turno de la Federación.
