En una sesión que marca un hito en la lucha contra el crimen organizado, el Senado de la República aprobó por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta legislación llega como una respuesta urgente a uno de los flagelos que más golpean la economía y la tranquilidad de las familias mexicanas: el “cobro de piso” y la extorsión telefónica, delitos que han crecido exponencialmente en la última década.
La reforma dota al Estado de herramientas jurídicas más robustas y modernas. Entre sus puntos clave, endurece las penas para los extorsionadores y facilita el uso de tecnología avanzada para la investigación, permitiendo a las fiscalías rastrear con mayor eficacia las redes financieras y de comunicación de los grupos delictivos. El consenso unánime de todas las fuerzas políticas refleja la gravedad del problema y la voluntad compartida de ofrecer soluciones reales a una ciudadanía cansada de la impunidad.
Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de debate. Durante la discusión, senadores de la oposición cuestionaron la viabilidad financiera de la ley, argumentando que sin recursos etiquetados, la reforma podría quedar en letra muerta. Ante estas dudas, el senador Enrique Inzunza salió al paso este sábado para asegurar categóricamente que el presupuesto para la implementación de la ley está blindado para el ejercicio fiscal 2025.
“Contra lo afirmado por la oposición, la nueva ley contará con el presupuesto necesario para operar desde el primer día”, declaró Inzunza, despejando las dudas sobre la capacidad operativa de las instituciones encargadas de aplicar la norma. Este compromiso financiero es crucial para capacitar a ministerios públicos, adquirir tecnología de inteligencia y fortalecer las unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión en todo el país.
Ahora, la minuta regresa a la Cámara de Diputados para la ratificación de los cambios realizados por los senadores. Se espera que el proceso legislativo concluya la próxima semana, permitiendo que la ley sea promulgada por el Ejecutivo a la brevedad. Con este marco legal renovado, el gobierno de Sheinbaum apuesta a reducir drásticamente la incidencia de un delito que ha mantenido como rehenes a comerciantes y ciudadanos durante demasiado tiempo.
