La Cámara de Diputados ha comenzado la discusión formal de un dictamen que propone la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el territorio nacional. La medida, respaldada por la administración federal, tiene como objetivo principal erradicar el acceso de menores de edad a estos dispositivos, cuyo consumo ha crecido exponencialmente en los últimos años. Legisladores de diversas bancadas han mostrado consenso en la necesidad de proteger la salud pública ante nuevas formas de adicción.
El proyecto de ley contempla sanciones administrativas y penales para quienes importen, distribuyan o vendan estos productos. Autoridades sanitarias han presentado estudios que vinculan el uso de vapeadores con enfermedades respiratorias agudas y daños cardiovasculares a largo plazo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha sido una de las principales impulsoras de esta regulación, argumentando que los “vapeadores” contienen sustancias tóxicas no declaradas en sus etiquetados.
Sin embargo, la propuesta ha generado resistencia por parte de organizaciones de usuarios y comerciantes, quienes argumentan que la prohibición fomentará el mercado negro. Proponen, en cambio, una regulación estricta que controle la calidad de los productos y restrinja su venta exclusivamente a adultos, similar a la normativa del tabaco convencional. Advierten que la criminalización total podría dejar a los consumidores sin opciones reguladas y más seguras.
Desde el sector salud, especialistas neumólogos han aplaudido la iniciativa, señalando que la percepción de que el vapeo es “inocuo” ha engañado a toda una generación. Destacan que la prevención de adicciones debe ser prioritaria y que el Estado tiene la obligación de intervenir ante productos que, bajo una apariencia tecnológica y moderna, perpetúan la dependencia a la nicotina y otras sustancias químicas nocivas.
La votación del dictamen se espera para las próximas sesiones ordinarias, y de aprobarse, México se sumaría a la lista de países con las legislaciones más restrictivas en esta materia. Se prevé que, de entrar en vigor, se lancen campañas masivas de concientización y se establezcan periodos de transición para retirar los productos del mercado formal, marcando un hito en la política de control de tabaco y sucedáneos en el país.
