Un juez de control en Puebla ha dictado un auto de libertad para tres funcionarios, incluida la fiscal de búsqueda de personas desaparecidas del estado de Nayarit, acusados de delincuencia organizada en relación con presuntas desapariciones forzadas de al menos 39 personas. La audiencia de vinculación a proceso, que duró aproximadamente 12 horas y tuvo varios recesos, resultó en la liberación de los acusados debido a deficiencias en los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los detenidos, que habían sido arrestados el 8 de septiembre en Tepic, incluían a Yayori “N”, la fiscal de búsqueda de personas desaparecidas, Pavel Emilio “N”, exdirector de averiguaciones previas y exdirector del penal estatal Venustiano Carranza de Tepic, y Dora Aimé “N”, exvisitadora general de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Todos habían trabajado anteriormente bajo la administración del exfiscal Édgar Veytia.
En el pasado, Édgar Veytia fue arrestado y condenado a 20 años de prisión por narcotráfico en 2020. Admitió colaborar con grupos criminales y participar en actividades delictivas que incluían homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones y torturas.
El único individuo que permanecerá en prisión preventiva es Miguel Ángel “N”, quien enfrenta cargos de delincuencia organizada en relación con el mismo caso.
La decisión del juez se basó en la falta de evidencia concreta que relacionara a los acusados con Édgar Veytia o grupos criminales, a pesar de que habían trabajado bajo su administración. El juez enfatizó que no hubo acusaciones directas que vincularan a los acusados con estas organizaciones o actividades criminales.
La liberación de estos funcionarios ha generado preocupación entre los familiares de las víctimas de desaparición forzada, quienes denunciaron la falta de una defensa adecuada por parte de la FGR y expresaron su insatisfacción con la falta de evidencia presentada en el caso.
La FGR ha anunciado su intención de apelar la decisión del juez y continúa insistiendo en sus acusaciones.
Aunque los acusados han sido liberados en relación con los cargos de delincuencia organizada, aún enfrentan la posibilidad de ser juzgados por otros delitos, como desaparición forzada y obstrucción de la justicia, en audiencias posteriores. Estos juicios están relacionados con las investigaciones sobre la presunta desaparición forzada de 39 personas y se llevan a cabo en el contexto de la comparecencia de México ante la ONU por denuncias de desapariciones forzadas. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED-ONU) ha solicitado medidas urgentes para la búsqueda y localización de las víctimas en este caso.
Con información de Karina Cancino.
