El reciente caso de Ernesto Navarro, exsecretario de Economía del gobierno de Antonio Echevarría en Nayarit, ha dejado en evidencia la preocupante incapacidad de la fiscalía de este estado para enfrentar la corrupción de manera efectiva. El anuncio de que Navarro se declarará culpable y solo pagará lo que se robó, es decir, los 6 millones de pesos, resulta indignante y genera serias dudas sobre la justicia y la integridad del sistema legal en la entidad.
Es inaceptable que un individuo que ostentaba un cargo de alto nivel en el gobierno haya desfalcado las arcas públicas y ahora vaya a recibir una condena de tan solo 4 años y 8 meses de prisión. Este procedimiento abreviado parece ser una burla a la gravedad del delito cometido y a la confianza de los ciudadanos en la justicia.
El fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, menciona que uno de los objetivos de la fiscalía es obtener la reparación del daño para las arcas del gobierno. Sin embargo, ¿cómo se puede considerar reparación del daño el simple reembolso de los fondos robados sin imponer sanciones proporcionales a la gravedad del acto delictivo? Esto plantea interrogantes sobre la integridad de la fiscalía y su verdadero compromiso con la justicia.
El hecho de que Ernesto Navarro no sea considerado prófugo de la justicia, a pesar de haber robado 6 millones de pesos de un crédito que invirtió en su propia empresa y obtener ganancias superiores a esa cantidad, es un claro ejemplo de cómo las leyes parecen favorecer a los poderosos y dejan en desamparo a los ciudadanos.
Este caso debe servir como un llamado de atención a las autoridades y a la sociedad en general. Es necesario exigir transparencia, rendición de cuentas y una verdadera lucha contra la corrupción en todas sus formas. La impunidad no puede ser la norma en Nayarit ni en ningún lugar de nuestro país. Si queremos una sociedad justa y equitativa, es fundamental que la fiscalía actúe con firmeza y determinación para enfrentar estos actos de corrupción y proteger los intereses del pueblo.
Es momento de alzar la voz y demandar un sistema de justicia más fuerte e imparcial, en el que casos como el de Ernesto Navarro no queden impunes. Solo así podremos avanzar hacia un futuro en el que la corrupción sea erradicada y se restablezca la confianza en nuestras instituciones. La sociedad merece una fiscalía comprometida y eficiente que esté a la altura de las circunstancias, velando por el bienestar y la justicia para todos.
