El secretario general de Gobierno Juan Antonio Echeagaray explicó que la nueva iniciativa para la ley de justicia laboral pretende disminuir los grandes beneficios de la burocracia ya que el estado no puede seguir sosteniendo las jubilaciones dinámicas,ya que para cumplir con estas responsabilidades que dejaron otras administraciones no se atiende de una mejor manera a los sectores educativos y de salud.
“Hay cosas que debemos hacer, lamentablemente esto se ha postergado por muchos años pero yo creo que las prioridades del estado nos obligan a cortar de tajo muchas situaciones que fueron permisibles en otros gobiernos, antes para sostenerte en el gobierno era necesario que tuvieras en aval de los sindicatos y lo lograban con esas prerrogativas que dabas, sobre todo beneficios y no es a cargo del estado es a cargo de la población todos esos beneficios le quitas parte a la salud, a la educación al desarrollo por dar cumplimiento a situaciones que en antaño se dieron con los sindicatos, ¿Qué es lo qué pasa hoy? Que no podemos sostener jubilaciones dinámicas”.
Echeagaray Becerra señaló qué hay pensiones que rebasan los 100,000 pesos por lo que se están estableciendo topes ya que no debe haber ex funcionarios o secretarios que laboraron pocos años en gobierno con este tipo de pensiones, aseguró que esto es debido a que la ley beneficia a quienes más posibilidades.
“Hay pensiones que rebasan lo que cualquier trabajador pudiera tener, pensiones de arriba de cien mil pesos, se está estableciendo topes a las pensiones, si ustedes revisarán los antecedentes hay pensiones de algunos ex magistrados que van más allá de los 100,000 pesos de ex secretarios, ex funcionarios que tienen ese tipo de pensiones y por un mínimo de años que laboraron en el gobierno y todo porque la ley cómo está beneficia a quienes tienen no más derechos sino más posibilidades”.
Comentó que la iniciativa será en UMAS y aseguró es una reforma necesaria ya que recalcó que no se pueden sostener económicamente este tipo de pensiones, dijo que el estado tiene deudas importantes y se realizan los esfuerzos correspondientes para cumplir con los gastos corrientes y pensiones lo cual ya no es posible, la iniciativa establece que las pensiones que no se reclamen en 3 años serán caducadas.