Las autoridades locales y federales deben asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país.
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, señaló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio de este año, en 27 entidades federativas.
Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del pasado 7 de septiembre, que por unanimidad determinó la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta, y su postura de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales, las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías y procuradurías, así como los poderes judiciales locales, debemos coadyuvar en el objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión de abortar en los casos permitidos, refirió.
También es de destacar que, el 8 de septiembre del presente año, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer el acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto.
Cabe mencionar que este llamado se suma al posicionamiento del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien celebró la decisión de la SCJN y, con ello, la ampliación del acceso a las mujeres y personas gestantes de todo el país a sus derechos sexuales y reproductivos, así como a su derecho a la salud y a la autonomía.
La titular de la Conavim abundó que, conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de este año, suman 432 carpetas de investigación procesadas en contra de personas por el delito de aborto en 27 estados del país. Destaca el Estado de México, con 93 casos; Nuevo León, 67; y la Ciudad de México, 52 casos.
Cabe destacar que estas tres entidades concentran el 49 por ciento de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año.
En este listado le siguen Tamaulipas (28 casos), Querétaro (22), Baja California y Guanajuato (18 casos cada uno). También se ubicaron los estados de Hidalgo (15), Veracruz (14) y Michoacán (13).
Además de Aguascalientes y Sonora (10 casos cada uno); Baja California Sur y Morelos (7 casos cada uno); Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí (6 casos cada uno); Zacatecas (5 casos); Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco (4 casos casa uno); así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit (3 casos cada entidad).
Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación.
Por ello, la Conavim hace el respetuoso llamado para que las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus responsabilidades, hagan todo lo necesario para evitar la criminalización y revisar estas carpetas de investigación ya identificadas.
