¿En dónde está Arturo Zaldívar? Esa es la pregunta que todo México se ha estado haciendo desde la semana pasada, cuando el Senado de la República aprobó reformas al Poder Judicial, entre las que, de último minuto, se determinó ampliar por dos años la gestión de Zaldívar al frente de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal para alinear así su período con el fin del sexenio. Una inconstitucionalidad, han dicho algunos, un albazo, lo calificaron otros, una triquiñuela, una burla, un descaro, todo mundo se ha pronunciado, menos el propio Arturo Zaldívar, quien a manera de broma, ya se dice lo buscan en locatel y preguntan en el 911 por su paradero, porque él simplemente ha hecho mutis.
Arturo Saldívar Lelo de Larrea, es el ministro que se posicionó en contra de declarar inconstitucional la consulta para enjuiciar a expresidentes. Es también el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sido identificado como un personaje afín a las ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de acuerdo con el portal de la SCJN, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional, además de estar ligado a la vida académica.
En ambas instituciones educativas ha fungido como profesor de materias relacionadas con el derecho constitucional, además de que ha impartido cursos y conferencias en otras universidades y congresos internacionales.
En su labor jurisdiccional ha impulsado criterios garantistas, entre los que destacan asuntos sobre el derecho a la libertad de expresión relacionados con el derecho al honor, a la intimidad y la no discriminación. Asimismo, ha motivado iniciativas sobre el derecho a la igualdad y no discriminación.
También ha trabajado en relación al derecho al debido proceso, tema en el que ha propuesto criterios para la efectividad del principio de presunción de inocencia como estándar de prueba, como regla probatoria y como regla de trato.
En otros temas, fue el ministro al que se le encargó determinar la situación legal de Florance Cassez, luego de que la francesa presentara un recurso de revisión ante la Corte.
En 2012, el ministro Zaldívar presentó un dictamen en el que proponía que se liberara a la ciudadana francesa debido a violaciones al debido proceso. Y después dio su voto para que la Corte ordenara finalmente liberara a Florence Cassez en enero de 2013.
En diciembre de 2019 asumió el cargo de presidente de la SCJN y dos meses antes, en octubre, reveló que el ex presidente Felipe Calderón presionó e, incluso, amenazó al Poder Judicial para resolver ciertos casos como el de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y precisamente el de Florence Cassez.
Cabe decir que a Zaldívar se le ha percibido como un ministro afín a las ideas del presidente López Obrador. Incluso públicamente ha reconocido que la Corte y los juzgadores federales son blanco de críticas, además de ser percibidos como personajes opacos, cerrados y derrochadores.
En el programa de trabajo con el cual formalizó su candidatura a la presidencia de la SCJN, propuso que se regulara el acceso a los cargos del Poder Judicial de la Federación, con el fin de evitar el nepotismo, mediante un sistema meritocrático para todos los trabajadores y no sólo jueces y magistrados.
A los pocos días de su llegada a la presidencia de la Corte, logró que sus pares tanto en esa instancia, como en el Consejo de la Judicatura redujeran sus sueldos en un 25% en relación al 2018, sin afectar a los servidores de categorías más bajas.
En octubre de 2020, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia causó gran polémica luego que se posicionó en contra del proyecto propuesto por Luis María Aguilar, el cual declaraba inconstitucional la consulta popular para determinar si se enjuiciaba a los los últimos cinco presidentes que antecedieron el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión del pleno de la SCJN, Zaldívar puntualizó que los argumentos de Aguilar partían “de un presupuesto fundamental y de una interpretación constitucional que no comparto”, esto en referencia a la explicación que el ministro Aguilar dio sobre que la consulta es violatoria de diversos derechos humanos.
Fue así como descartó la tesis central de la propuesta de su colega, la cual dictaba que al validar la consulta se daría lugar a una serie de “violaciones a los derechos de debido proceso, acceso a la justicia, presunción de inocencia, igualdad y a los derechos de las víctimas, pues vinculará a las autoridades de procuración e impartición de justicia a actuar o dejar de hacer en virtud del resultado” del proceso.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, hay que decir que los señalamientos en contra del proceder del Senado al aprobar dos años más al periodo de Zaldívar, se siguen acumulando.
En los últimos días, siete organizaciones civiles se pronunciaron en contra de la decisión de la Cámara Alta e hicieron un llamado a la Cámara de Diputados a corregir la normativa aprobada por su colegisladora.
Consideraron que “a juicio de muchos especialistas en la materia, (lo aprobado por los senadores) constituye una falta de respeto a la Constitución y un imperdonable descuido de técnica legislativa, al suponer que el artículo transitorio de una ley general puede sustituir lo dispuesto en dos artículos constitucionales”.
México SOS, la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, los ciudadanos invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad Pública, Reinserta, Ficosec, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica y el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México emitieron su posicionamiento a través de un comunicado.
Su denuncia se suma a voces como la de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, quien el domingo aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazaba la independencia judicial en el país. Y es que el ministro Zaldívar es un personaje cercano al primer mandatario, que cuenta con mayoría en la Cámara alta.
El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, advirtió que la extensión del mandato de Zaldívar no podrá transitar, “ni aun cuando fuera aprobado y promulgado”.
Para las organizaciones civiles, esto es una “abierta violación” a los preceptos establecidos en el Artículo 97 constitucional, que establece que el periodo del presidente de la Corte es de cuatro años improrrogables y lo eligen sus pares, los ministros, y no los legisladores. También viola el Artículo 100, en el que se establece la mecánica para la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
“Exhortamos al Poder Legislativo en general, a promover el respeto y apego a los postulados establecidos en nuestra Constitución Política, considerando que la ampliación del cargo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal es inconstitucional y que, al obrar en tal sentido, se desvirtúa su labor, se pone en riesgo la división de poderes y se daña nuestra vida democrática”.
En contraste, durante su conferencia matutina, López Obrador rechazó que la extensión del mandato de Zaldívar vaya en contra de la Constitución.
“Es constitucional la ampliación, pero eso lo van a decidir en Diputados. Mi opinión ya la externé, es que el ministro presidente es un hombre íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del poder judicial porque urge la reforma al Poder Judicial”, afirmó el mandatario.
Nunca como ahora, Arturo Zaldívar de Larrea ha estado en el centro de los reflectores. Su silencio ante “el regalo” que le otorgaron los senadores al aprobar alargar su periodo al 2024, es una mala señal en cuanto a la posibilidad de si permitirá o no el presente de los legisladores. Pero todavía hay quienes creen que su ética, moral y principios harán que lo rechace. Ya lo sabremos.
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