Juan es un joven indígena de 27 años, vive en una comunidad rural de la Sierra del Nayar y cultiva cannabis desde que era adolescente. Esa es la realidad que le tocó a él y a su familia desde hace varias generaciones. No han tenido otra opción, y no ganan mucho dinero haciéndolo. Escuchó en las noticias del 10 de marzo que la marihuana pronto sería legal en México.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Juan planea continuar con su oficio de toda la vida, ahora de manera legal, después de que el Senado apruebe el dictamen. Tiene la esperanza de poder aumentar sus ingresos para dar una mejor vida a su familia. Sin embargo, el dictamen aprobado por la cámara baja incluye limitaciones importantes, tanto para los derechos de los consumidores, como para los pequeños productores (como Juan) que deben analizarse antes de celebrar el modelo de regulación propuesto.
Regulación sin despenalización
Quizás la principal limitación de este modelo es que los legisladores están impulsando la regulación del cannabis sin despenalizar la planta. Se legaliza su producción y comercio, mas no su portación ni su consumo. México Unido contra la Delincuencia (MUCD) ha acusado a la Cámara de Diputados de no cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2019 de eliminar la prohibición del consumo de cannabis.
Aumenta la tolerancia a la portación, continua la persecución
El modelo aprobado por la Cámara de Diputados no quita la prohibición de la marihuana en la Ley General de Salud, sino que se aumenta la tolerancia de portación de cinco a 28 gramos. Aquellos que tengan consigo entre 28 y 200 gramos se harán acreedores de una multa de hasta 10,000 pesos: una gran entrada a la corrupción. Los policías podrán seguir extorsionando consumidores por portación simple. Este modelo de regulación seguirá criminalizando a los consumidores de cannabis y desperdiciando escasos recursos de la fuerza pública para continuar persiguiendo a usuarios, en lugar de enfocarse en la persecución de delitos que sí dejan víctimas.
No se creará el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis
Una diferencia importante entre la iniciativa de ley impulsada por el Senado el año pasado y la que acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados es que esta actualización no contempla la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC), sino que la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) será la instancia encargada de regular las actividades relacionadas con el cannabis en México desde su siembra hasta su comercialización. La CONADIC no cuenta con experiencia en materia de regulación, y no contará con recursos adicionales para llevarla a cabo, por lo cual se podrían comprometer sus funciones actuales en la lucha contra las adicciones por cumplir con una carga administrativa adicional.
Sistema de licencias: acción afirmativa y capital extranjero
La CONADIC se encargará de otorgar licencias de todas las actividades relacionadas con la planta; existirán de seis tipos: 1) licencias integrales que permiten a titulares realizar todas las actividades comprendidas en la cadena productiva del cannabis desde el cultivo hasta la comercialización y venta final; 2) licencias sólo con fines de producción; 3) sólo con fines de distribución; 4) sólo con fines de venta al usuario final, 5) de producción o comercialización de productos derivados del cannabis, y 6) con fines de investigación. El nuevo dictamen no incluye candados (presentes en versiones previas) para evitar la integración vertical, por lo cual una misma empresa puede llevar a cabo todo el proceso desde el cultivo hasta la venta final al cliente, lo cual genera una desventaja clara para los pequeños productores.
En principio sólo se puede acceder a una licencia que es de carácter intransferible, aunque el dictamen indica que las comunidades en estado de vulnerabilidad o marginación (comunidades indígenas, agrarias, ejidos) podrán acceder a más de una licencia a manera de acción afirmativa. Sin embargo, la necesidad de realizar el trámite, que además tendrá un costo a determinarse la CONADIC, supone una barrera de entrada importante para estas comunidades, para productores como Juan.
Adicionalmente, las semillas utilizadas deberán someterse a mecanismos de trazabilidad genética y certificación que son costosos, lo cual favorece a las grandes compañías multinacionales del cannabis que ya cuentan con esta infraestructura, así como con semillas certificadas para la producción, requeridas bajo este modelo de regulación. Los campesinos mexicanos no tienen acceso a estas semillas certificadas porque en México no existen. Tendrían que importarlas.
El sistema de licencias y, en general, el modelo de regulación del cannabis propuesto, favorecen la entrada de capitales extranjeros, mientras que falla en generar condiciones transitorias para que productores como Juan regularicen su actividad económica, en vez de imponerles estándares y trámites excesivos que los colocan en una situación de total desventaja frente a grandes capitales nacionales y extranjeros.
¿Cuánto se puede cultivar?
La CONADIC estará encargada de dar los permisos para realizar autocultivo, en este caso, una persona mayor de 18 años puede tener hasta cuatro plantas en casa, si hay más de un usuario que viva en el mismo domicilio puede haber un máximo de seis plantas. En el caso del uso compartido dentro de una asociación de consumo de cannabis, éstas podrán ser de dos hasta veinte miembros, con un máximo de cuatro plantas por asociado.
En el caso de los productores, la CONADIC, con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, determinará la extensión máxima anual para la siembra a cielo abierto o bajo techo.
¿Se podrá fumar libremente?
No exactamente. La iniciativa de ley enfatiza en la protección a terceros al prohibir el consumo de cannabis en lugares libre de humo. Asimismo, se prohíbe el consumo en escuelas públicas y privadas. Los espacios libres de humo son los designados en la Ley General para el Control del Tabaco, así como los que decida añadir la CONADIC en las disposiciones administrativas que emita por motivos de orden público.
Si se desea consumir cannabis en casa, se tienen que hacer remodelaciones que aseguren que el humo no llegue a terceros. Existe la posibilidad de que las autoridades visiten los domicilios privados para verificarlos. Julio Salazar, Abogado de MUCD, señala que “el hecho de que exista la posibilidad de que autoridades hagan visitas a los domicilios para revisar el lugar abre la puerta a la extorsión, a los abusos de la autoridad, aun cuando se trata de una actividad para el desarrollo legítimo de su personalidad.”
Si bien la regulación del cannabis representa un paso importante para el avance de los derechos de sus usuarios y de las comunidades afectadas por el enfoque prohibicionista, el modelo propuesto por la Cámara de Diputados no cumple con el mandato de la SCJN de eliminar la prohibición del consumo de cannabis; establece un sistema de licencias que hace que actuales productores de cannabis compitan en desventaja con grandes capitales, e instaura mecanismos de control por parte de las autoridades que pueden fácilmente terminar en abusos de autoridad.
El proceso legislativo para la regulación del cannabis en México ha sido largo, confuso y ampliamente criticado. El dictamen aprobado por la cámara baja no está enfocado en resarcir el daño generado a las comunidades marginadas y genera incertidumbre respecto a los derechos de los consumidores. Habrá que prestar atención a la recta final del proceso legislativo y difundir las especificidades del modelo de regulación para evitar confusiones entre la población que puedan representarles sanciones administrativas. La búsqueda de un modelo regulatorio justo e incluyente no terminará si se aprueba esta ley. Es importante que las organizaciones de la sociedad civil continúen levantando la voz y exigiendo mejoras a la regulación propuesta para que se adapte a las necesidades del campo mexicano y se deje de criminalizar a los usuarios.
