“No vengan ahora”. “La frontera está cerrada”. “No hagan el peligroso viaje”. Son llamados desesperados que se están haciendo desde el gobierno del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar de frenar la descomunal migración procedente del otro lado de su frontera sur.
Hace algunos días ya comentaba en este mismo espacio la postura del inquilino de la Casa Blanca, quien si bien durante su campaña prometió reformar el sistema migratorio estadounidense “tomando medidas urgentes" para acabar con las políticas de Donald Trump, esto nunca significó abrir las fronteras de par en par para recibir a todos los migrantes que desde el sur se desplazan de sus países de origen en busca del sueño americano.
En los últimos días ha tenido que salir gente de su gobierno a decir a los viajeros que sí serán bienvenidos, pero que esperen sentados en sus respectivos hogares porque en este momento no serán recibidos. “No vengan ahora”, fue el llamado de la Casa Blanca.
Hay que recordar que desde el pasado 20 de enero en que asumió como el presidente número 46 del país de las barras y las estrellas, Biden ordenó la reunificación de los niños migrantes con sus familias, puso fin a la construcción del muro fronterizo y pidió revisar los programas de inmigración legal cancelados por su predecesor.
Pero a aquellos que buscan ingresar por la frontera sur de Estados Unidos, el gobierno de Biden les ha pedido paciencia y dijo que su administración necesita tiempo para prepararse para gestionar la llegada de personas.
"No estamos diciendo 'no vengas'", dijo hace unas semanas el principal funcionario de seguridad nacional de Biden, Alejandro Mayorkas. "Estamos diciendo 'no vengas ahora'", matizó.
De acuerdo con BBC Mundo, la presión está aumentando en la frontera sur y algunos informes sugieren que las cifras van camino de superar los máximos históricos del año pasado.
Hasta ahora, Biden sigue con la política de emergencia del coronavirus de la era Trump, que permite a las autoridades estadounidenses expulsar a casi todos los inmigrantes indocumentados que buscan ingresar al país, pasando por alto las leyes y protecciones migratorias habituales.
Pero a diferencia de Trump, Biden decidió permitir la entrada de niños y adolescentes migrantes.
En la actualidad, unos 200 niños migrantes cruzan la frontera cada día y miles de menores fueron retenidos en la frontera suroeste del país en las últimas semanas y enviados a centros de detención.
Los grupos de derechos humanos y miembros del propio partido de Biden criticaron la decisión de mantener a los niños bajo la custodia del gobierno durante las semanas o meses que lleva el proceso de selección de las familias de acogida. Algunos de los críticos de Biden aseguran que el proceso se remonta a las políticas de la era Trump y que el principal cambio es que los niños permanecen detenidos durante menos tiempo bajo el gobierno del presidente Biden.
El pasado lunes, el congresista por Texas Henry Cuellar, divulgó fotos del interior de un centro de inmigrantes en Donna -en la frontera con México-, que se estima alberga unas 1.000 personas.
Las imágenes muestran a niños acurrucados en el suelo bajo mantas de aluminio en habitaciones improvisadas llenas de gente. Son las primeras en mostrar las condiciones de este tipo de centros desde que Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos.
Cuéllar, quien fue electo por el Partido Demócrata, dijo que las personas en el centro de detención están separadas en ocho "cápsulas" de plástico y dormían en el suelo sobre colchones delgados.
Activistas proinmigrantes también han dicho que las personas alojadas en el lugar no han tenido acceso adecuado a jabón o alimentos.
En el primer día de mandato de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió una polémica política de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias de inmigración en Estados Unidos. Alrededor de 70.000 migrantes se inscribieron en los Protocolos de Protección al Migrante (PPM), conocido informalmente como el programa "Permanecer en México", desde que se puso en práctica en enero de 2019.
El mes pasado, el gobierno de Biden comenzó a procesar gradualmente a estas decenas de miles de personas que esperan en México, permitiéndoles ingresar a Estados Unidos mientras se realizan las audiencias de sus casos.
Aún así, funcionarios de Biden enfatizaron que los migrantes no deberían intentar ingresar a Estados Unidos en este momento, diciendo que se necesita más tiempo para reconstruir los sistemas de asilo que, dicen, fueron desmantelados por Trump.
"Un mensaje para las personas que están pensando en venir a nuestra frontera: deben esperar", aseguró Mayorkas el lunes. "Se necesita tiempo para reconstruir el sistema desde cero", agregó.
El martes, la coordinadora para la frontera sur de Estados Unidos, Roberta Jacobson hizo un llamado para que los migrantes no crucen de manera irregular hacia aquel país.
“No vengan a la frontera. La frontera está cerrada. Las personas que intentan viajar a Estados Unidos de manera irregular corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos y trata de personas. Es un viaje peligroso y los coyotes con los que se endeudan los migrantes son personas peligrosas”, advirtió Jacobson en un mensaje.
La también asistente especial del presidente Joe Biden mencionó que debido a la pandemia de COVID-19, viajar y vivir en grandes grupos o campamentos aumenta el riesgo de contraer y transmitir la enfermedad.
En tanto, Jacobson declaró que las personas debilitadas por el viaje son mucho más vulnerables al virus.
“Sé que muchos migrantes pueden estar soportando dolor y dificultades, pero debo enfatizar que la frontera de Estados Unidos está cerrada”, subrayó la embajadora.
Por ello hizo un exhorto a la población migrante para quedarse en casa y esperar más información sobre el proceso de asilo en Estados Unidos. “No hagan el peligroso viaje”, agregó.
El gobierno de Biden ha tomado varias medidas para reformar el sistema legal de inmigración del país. Propuso un importante proyecto de ley de inmigración que ofrecería un camino de 8 años hacia la ciudadanía a los aproximadamente 11 millones de indocumentados que están en el país. La legislación también brindaría protección permanente a los jóvenes migrantes que se acogieron al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés), conocidos como Dreamers.
Estas políticas a favor de la inmigración, que aumentarían en gran medida la inmigración legal basada en la familia y en el empleo, enfrentará una gran oposición en el Congreso, no solo de los republicanos sino también de algunos demócratas moderados.
El proyecto de ley con el que el presidente de Estados Unidos de América busca promover una ambiciosa reforma migratoria que otorgue una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados se encuentra en el Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas, quienes son los patrocinadores de la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, la propuesta bandera con la que el Gobierno de Biden busca remodelar el sistema de migración del país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.
La amplia iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los "soñadores", a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) -que en su mayoría proceden de Centroamérica- y los trabajadores agrícolas inmigrantes.
Por lo pronto, el mensaje dirigido a migrantes mexicanos y centroamericanos es contundente: “La frontera está cerrada”.
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