Una apuesta por demás compleja es la que se empeña en mantener el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al parecer no está dispuesto a ceder en su pretensión de modificar su iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica que se encuentra en la Cámara de Diputados y que ha generado una gran controversia que ya traspasa nuestras fronteras, dado que algunas otras naciones han expresado su preocupación respecto a los cambios que establece el documento, que como ya mencionaba en la primera entrega de este serial, consideran viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) en relación con que el Estado no debe dar un trato discriminatorio a inversionistas extranjeros y nacionales.
El miércoles pasado, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados consideró inviable la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, y argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que emitió la Secretaría de Energía.
De acuerdo a la opinión negativa que emitirá la Comisión, se menciona que de aprobarse la propuesta del mandatario federal, se tendrá un impacto en las tarifas eléctricas, las cuales aumentarán y afectarán a los consumidores.
También recuerda que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al recinto legislativo de San Lázaro no aprobar en sus términos la iniciativa, pues quebranta la Constitución y afecta los principios de competencia, libre concurrencia en la generación y suministro de electricidad.
El portal “Energía a debate”, en una publicación del 11 de febrero, replica las objeciones más importantes que empresarios y especialistas vertieron durante el Parlamento abierto a distancia que se llevó a cabo para analizar la propuesta presidencial y que fue organizado por la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.
Refiere por ejemplo, que el sector privado consideró que no es necesario realizar cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) como los propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y pidió que el debate sobre el tema se realice con estudios técnicos y económicos.
Roger González Lau, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se pronunció por respetar los contratos firmados entre los privados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De no hacerlo así y, por el contrario, de aprobarse la reforma como la plantea el jefe del Ejecutivo, advirtió González Lau, infringirá el marco legal y constitucional, además de los tratados internacionales entre México y otros países, como el T-MEC.
Por ello, el empresario aseguró que no hacen falta cambios regulatorios “de la magnitud” en que se está proponiendo.
Por su parte, Katya Somohano, representante de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), dijo a nombre del sector que requieren energía competitiva durante periodos sostenidos y estables que no estén vinculados a ciclos económicos de gobierno.
Por el contrario, apuntó, requieren de costos de energía generada de portafolios balanceados de tecnologías, incluyendo energías limpias y energías firmes.
Se pronunció ante los legisladores por un marco legal apropiado e instrumentos de política pública acordes con los retos globales, así como de aprovechamiento del sol y del viento acorde con los retos globales.
“La energía eléctrica para nosotros es un insumo crítico, en promedio la energía eléctrica representa el 30% de nuestro costo de transformación. Somos el segmento de usuarios finales que más energía consumimos”, refirió.
En el ámbito legal, Fernando Zendejas, profesor de Derecho Energético en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó que la iniciativa de López Obrador sí afecta los compromisos de México ante el T-MEC y otros tratados internacionales.
Citó que en el T-MEC, el artículo 32.11 especifica que México se comprometió a dar a los Estados Unidos un trato compatible con las medidas menos restrictivas que pueda adoptar o mantener, conforme los términos de las reservas aplicables y las excepciones a obligaciones paralelas en otros tratados comerciales y de inversión que México ha ratificado.
En este sentido, Hirepann Rodríguez Paredes, en representación de la Asociación Mexicana de Energía (AME), expuso que los cambios contenidos en la iniciativa ponen en riesgo a las inversiones realizadas que están protegidas en el capítulo 14 del T-MEC sobre inversión, que se incluye al sector energético y los mecanismos de arbitraje entre inversionista y Estado.
Agregó que el capítulo 31 sobre controversias contiene el mecanismo de reclamaciones de Estado a Estado, mientras que el capítulo 22 sobre empresas propiedad del Estado y monopolios estatales compromete a los tres países a no discriminar en favor de sus propias empresas públicas y exige que los reguladores actúen de manera imparcial.
Por último, el capítulo 28 sobre buenas prácticas regulatorias, compromete a los tres países a fomentar regulaciones que no comprometan las inversiones y la libre competencia.
En su momento, Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía (PMCE), recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión de la Cuenta Pública 2019, advirtió que todas las centrales eléctricas propiedad de la CFE tienden a incrementar sus costos de generación.
“La única que está disminuyendo sus costos es Generación V, la representante ante el mercado eléctrico de los productores independientes de energía”, insistió.
“Esto quiere decir que los generadores privados tienden a bajar los costos de la energía, mientras que las generadoras de la CFE en el mejor de los casos mantienen el costo, pero en el peor de los casos van incrementando”, señaló el especialista, quien calculó que el costo de la contrarreforma eléctrica podría ser de 1.22 billones de pesos sólo en los renglones de subastas y mercado eléctrico.
Y en su oportunidad, Casiopea Ramírez Melgar, experta en Regulación Eléctrica y Análisis del Mercado, explicó a los diputados que, de aprobarse el despacho eléctrico como lo plantea la iniciativa del presidente López Obrador, que privilegia la producción de las centrales de la CFE, las tarifas al consumidor final se incrementarían en promedio un 22 por ciento, es decir, a 2.62 pesos por kilowatt.
El cálculo, abundó, está realizado con los datos reales de la empresa subsidiaria CFE Suministro de Servicio Básico de 2020, “considerando que ese año los precios de los combustibles fueron más bajos por la pandemia”, aclaró, por lo que de pasar la contingencia, el porcentaje de incremento podría ser más alto.
Si se incluyen las energías renovables, expuso, las tarifas bajarían entre 20 y 40 por ciento, además de reactivar el mecanismo de las subastas eléctricas de largo plazo, canceladas por la actual administración federal.
