El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), acusó al Gobierno Federal de debilitar a Cofepris para otorgar registros sanitarios de manera inmediata a todo tipo de medicamentos del extranjero; medida desesperada ante el desabasto e incapacidad de sus funcionarios.
En ese sentido, en un comunicado, advirtió que se importan medicamentos de dudosa calidad, que ponen en riesgo la salud de los mexicanos.
“La incapacidad del Gobierno Federal para satisfacer las necesidades de medicamentos y otros insumos para la salud, lo ha llevado a tomar medidas desesperadas que ponen en riesgo a la población”, aseveró.
Recordó que el día 18 de noviembre pasado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el “Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas para agilizar el trámite de registro sanitario de medicamentos y demás insumos para la salud que provengan del extranjero”.
En ese acuerdo, expuso Ramírez Barba se faculta a la Cofepris a otorgar registro sanitario a medicamentos e insumos para la salud provenientes del extranjero en un plazo de 5 días hábiles, si la autoridad no se pronuncia en ese plazo el registro será automático.
De esta forma, el Gobierno Federal relaja las disposiciones legales y normativas para la certificación de los medicamentos importados.
“El Presidente lo justifica señalando que la finalidad es que los mexicanos tengan acceso a más y mejores medicamentos y demás insumos para la salud; pero es muy grave, ya que no se establecen los mecanismos para garantizar la calidad, seguridad y eficacia que deben satisfacer”.
En el corto plazo, el país podría llenarse de “medicamentos patito” de dudosa calidad, con empaques escritos en otros idiomas que dificultan su uso, principalmente provenientes de Asia.
El problema está en importar medicamentos con escaso efecto terapéutico, e incluso, alto riesgo para la salud, que puedan causar intoxicaciones y hasta llevar a la muerte a quien los consuma.
Explicó que la legislación en materia de regulación sanitaria generada en nuestro país tiene como objetivo evitar riesgos o daños a la salud de la población, pero ahora se privilegia el ahorro y la austeridad por encima de la salud.
“¿Quién se hará cargo de la importación de medicamentos que no fueron certificados debidamente si tienen un efecto adverso en los mexicanos?”, cuestionó.
Ramírez Barba subrayó que en ninguna parte del mundo se otorga registro sanitario en tan poco tiempo. “Nueve meses es el tiempo promedio que tarda Cofepris en otorgar un registro sanitario, ya que obtenerlo es un proceso que requiere de pruebas de laboratorio, evaluaciones técnicas y requerimientos administrativos para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos”.
Reiteró su advertencia de que ahora México aceptará los registros sanitarios de medicamentos de otros países sin cumplir con nuestras disposiciones regulatorias, que nulifica la función esencial de Cofepris como responsable de vigilar la salud de los mexicanos, para convertirla en una simple oficina de trámites administrativos, y validar lo que quiere el presidente de la República.
Ahora, la Cofepris pone en duda su reconocimiento internacional como agencia de referencia, certificada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), abandonando su principal objetivo de proteger la salud de las personas y evitar riesgos o daños a la salud de la población en general.
Además, denunció, se da un golpe a la industria de medicamentos establecida en el país, pues se otorgarán privilegios a los productos del extranjero; mientras que a la industria nacional le seguirán aplicando el Reglamento de Insumos para la Salud, es decir, una regulación mucho más estricta.
El panista exigió a los titulares de la Secretaría de Salud y de Cofepris, establecer medidas necesarias que garanticen la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos y demás insumos para la salud que provengan del extranjero; y que permitan a los productores nacionales competir en igualdad de condiciones frente a las empresas internacionales.
Además, solicitó a la CNDH realizar un análisis sobre las posibles vulneraciones al derecho a la salud, que podría ocasionar la importación de medicamentos que no cumplan con los requisitos para obtener el registro sanitario correspondiente.
