El Grupo Parlamentario del PRI presentó reformas al Código Civil Federal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, a fin de garantizar y proteger los derechos de las mujeres y los menores, después de un divorcio o separación.
Señaló que el objetivo es inhibir acciones violentas de género y de incumplimiento de responsabilidades familiares, toda vez que en México se estima que el 67% de madres solteras no reciben pensión alimenticia.
“Es preciso que cada vez sean menos los padres que se deslinden de la responsabilidad de mantener a sus hijos y se reduzca el número de niños que quedan sin la ayuda de su progenitor, luego de la separación de los padres”, agregaron las y los diputados priistas en un comunicado.
Detallaron que su propuesta plantea generar una matrícula con la información pública de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, y que la lista se exhiba en la contratación laboral, para obligarlos a ponerse al corriente de sus pagos.
El registro nacional, explicaron, deberá ser consultado por las empresas que contraten personal, con la intención de firmar convenios con los tutores o madres de familia, para depositar parte del sueldo directamente en beneficio de la manutención de los hijos.
Las y los diputados del PRI manifestaron que legislar a favor del interés superior de la niñez, asegura su desarrollo integral y el derecho a una vida digna; en tanto, las madres solteras, tendrán mejores oportunidades que les permitan reducir la brecha de desigualdad.
La pandemia, expresaron, brinda una oportunidad invaluable para implementar políticas públicas orientadas a compensar las desigualdades presentes en la vida de las mujeres y pidieron no olvidar que en 2019 se cometieron más de mil feminicidios, mientras este año, con el confinamiento, se incrementó en un 60% la violencia doméstica.
Reiteraron que es deplorable la decisión del Gobierno Federal de desaparecer programas de apoyo a madres solteras y recortar presupuesto a instituciones dedicadas a este sector vulnerable de la población, cuando urge fortalecer procedimientos y mecanismos de impartición de justicia.
