La diputada Maribel Aguilera Chairez (Morena) propuso que en demandas de pensión alimenticia donde la parte actora no cuente con posibilidades económicas para costear los peritajes correspondientes, el Estado facilite los medios para su realización.
Con este propósito la legisladora presentó una iniciativa para reformar el artículo 382 del Código Civil Federal, que pretende garantizar el acceso a la justicia y salvaguardar el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes.
En un comunicado, subrayó que la filiación entre padres e hijos es un requisito para ejercer el derecho de los hijos a una pensión suficiente para su manutención, y ante la falta de reconocimiento voluntario por parte del supuesto padre, es necesario practicar una prueba pericial en materia de genética (ADN).
Sin embargo, dijo, es un procedimiento que muchas veces no está al alcance de la parte agraviada por ser de alto costo, cuyo importe debe cubrir como oferente de la prueba, y por esta razón se tiende a desistir y claudicar en el intento.
“Cuando quien intenta una acción de investigación de paternidad y carece de los medios económicos para llevar a cabo las pruebas y los peritajes respectivos, el Estado proporcionará los medios necesarios a través de peritos especializados en la materia autorizados por los Tribunales de acuerdo con las disposiciones relativas a este código, así como de instituciones públicas de salud, de manera gratuita”, puntualizó.
Aguilera Chairez citó en su argumentación que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 17, fracción 4, establece que los Estados parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de la disolución del mismo.
En este contexto, consideró pertinente que el Estado garantice los peritajes y que la justicia no esté condicionada a la posibilidad económica, para que toda mujer pueda luchar por el derecho de sus hijos a recibir una pensión alimenticia.
“Ningún procedimiento de prueba puede estar por encima de garantizar el acceso a la justicia de las personas, más aún en tratándose de salvaguardar el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes”, afirmó la legisladora.
