El video que se difundió a finales de la semana pasada en donde se puede ver a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibir dinero por parte de David León, ex coordinador nacional de Protección Civil, ha hecho que el Instituto Nacional Electoral (INE) pusiera los ojos sobre Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido al cual investigaría por supuesto financiamiento ilegal.
De acuerdo con Roberto Ruiz, consejero electoral del INE, el instituto realizará su labor con apego a la ley, sin importar quiénes sean los implicados tanto en este caso, como en aquellos que puedan surgir en el futuro, comentó durante una entrevista con el diario El Universal.
El domingo, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante el INE en contra de Morena, David León y Pío López por el presunto financiamiento ilegal a ese partido con recursos públicos, a la cual se sumó la interpuesta por el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila.
Sin embargo, hasta el lunes por la noche, Ruiz explicó que los consejeros del instituto no conocían el contenido de las demandas, pues todavía se estaba esperando el análisis de la Unidad de Fiscalización del INE, así como la recepción de los videos y audios que fueron dados a conocer por LatinUs.
El consejero detalló que de acuerdo con el reglamento del INE, en la próxima sesión ordinaria del Consejo General, la Unidad de Fiscalización dará a conocer las personas que han presentado quejas y en torno a qué asuntos. Esta sesión está prevista para octubre, mes en el que se conocería si el caso de presunto financiamiento ilícito está en investigación.
Asimismo, comentó que ninguno de los consejeros pueden dictar cuáles son las líneas de investigación que deben seguirse, pues esa tarea le corresponde a la unidad técnica, mientras que ellos rechazan, confirman o proponen modificaciones para los proyectos. Es por ello que no dependería de los consejeros del INE, por ejemplo, llamar al presidente López Obrador por los hechos denunciados.
También comentó que la determinación de si resultan procedentes o no las quejas presentadas por los videos, será responsabilidad del Consejo General a partir del proyecto presentado por la Unidad Técnica. En este sentido mencionó que el INE tiene como límite cinco años para resolver las denuncias.
