El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó destinar, de manera temporal, los tiempos en radio y televisión que administra este Instituto, correspondientes al segundo semestre de 2020 en todo el país, para la difusión de contenidos educativos, como consecuencia de las medidas de contingencia de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Lo anterior, a solicitud de los partidos políticos para el aprovechamiento de esta prerrogativa constitucional para transmitir contenidos educativos en los canales multiprogramados, conforme a las disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Al respecto, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que esta decisión se trata de un acto de responsabilidad, de confluencia y de construcción de consensos respecto de una iniciativa, una política pública que se ha definido para enfrentar una problemática común.
“No podemos permitir que la democracia sea una víctima más de la pandemia. Y del mismo modo, el futuro del país depende de que la educación no sea otra de las víctimas de este fenómeno que nos aqueja a todos y todas y que nos lastima por igual”, consignó.
Expresó que en este acuerdo confluyeron cuatro razones primordiales: la comunicación entre autoridades autónomas, autoridades gubernamentales y partidos políticos, la disposición de todos estos actores a encontrar una solución conjunta y el buen ejercicio de la política para alcanzar una construcción consensuada.
El tiempo de las prerrogativas que se encuentran sujetas a este instrumento, únicamente es el relacionado con los canales de multiprogramación que se destinen conforme a las disposiciones emitidas por el IFT para acudir a las sesiones escolares y dicho tiempo no podrá ser utilizado para fines comerciales, ni para la transmisión de propaganda gubernamental, explicó la Consejera Dania Ravel.
Puntualizó que el carácter extraordinario de la medida “nos revela como organismo autónomo que nuestro fin es defender los derechos político-electorales y no puede fundarse en la contravención de otros derechos fundamentales de los y las ciudadanas mexicanas”.