Opinión

Hojas de ruta para una ciudadanía libre (Parte octogésima tercera)

“El que cree que cuesta caro un profesional, no sabe lo carísimo que cuesta un incompetente” Frase anónima popular

Por: Eduardo Trujillo | 17 DE SEPTIEMBRE, 2021


LA REPÚBLICA BARATA.

Se ha convertido en bandera del actual gobierno federal, la consigna por aparentar un gobierno de carácter austero en el ejercicio de los recursos correspondientes a la administración pública federal. Sin embargo, las decisiones que para lograr tal objetivo han sido tomadas, no parecen ser acertadas ni austeras para lograr el propósito. En varios casos se ha incurrido en desmantelamiento de instituciones y programas, sin una oportuna y adecuada sustitución y sin un planteamiento innovador y con consecuencias que resultan más onerosas al presupuesto. En palabras llanas y coloquiales, muchas veces al país le está resultando más caro “el remedio que la enfermedad”.

Está pendiente demostrar que la cancelación del nuevo aeropuerto de la ciudad de México (NAIM), por la pista de Santa Lucía, fue una decisión acertada y pertinente, puesto que el aeropuerto cancelado se diseñó con capacidad para ser el único en el valle de México y con la capacidad suficiente para los próximos 50 años; por su parte el de Santa Lucia requiere que el aeropuerto Benito Juárez continúe en operación y subrogaría también vuelos al aeropuerto de Toluca, por tal razón sus costos no pueden ser comparables ni se puede decir que saldrá más económico, pues el servicio que proporcionaría el ya cancelado, es varias veces superior al que prestará el esquema de tres aeropuertos que se plantean, por ende se dificulta comparar peras con manzanas.

Tal parece que la obsesión gubernamental por abaratar costos en todo, está descuidando calidad y servicios.

El capitalismo salvaje siempre ha centrado su paraíso en encontrar la mano de obra más barata posible y si se le permite, la reduce prácticamente a mano de obra casi esclavizada, pues es sabido que la oferta de mano de obra siempre es mayor que la demanda que puede existir, sobre todo cuando es mano de obra no calificada, por eso la mayor capacitación y preparación permite a quienes ofertan su trabajo calificado, aspirar a mejores remuneraciones que las que reciben quienes tienen menores habilidades y destrezas, pues los más calificados generan trabajo con mayor calidad y más eficiente y producen más utilidad.

El mercado del trabajo es el que determina los niveles salariales en función de los perfiles que se necesitan y según la abundancia o carencia, en su caso de dichos perfiles, cuando los conocimientos, destrezas y habilidades requeridos para determinada actividad son escasos, se ofrece mayor remuneración que cuando son abundantes, esa es la razón mediante la cual se fijan los distintos niveles salariales, no los caprichos, ni los humores de quienes contratan.

En otros términos, podemos decir que cuando el trabajo requerido ocupa “ciencia” es mejor remunerado pues son más escasas las personas que dominan dicha “ciencia” o disciplina del saber.

¿Pero qué sucede cuando el gobierno mismo pregona que no importa la preparación y que prefiere 99% de “honestidad” y 1 % de capacidad en sus funcionarios”? pues interfiere interrumpiendo la lógica natural de la oferta y la demanda del mercado laboral.

Lo más curioso respecto a esa forma de percibir la “honestidad”, radica en que desde la óptica presidencial, poseer bienes es motivo de desprecio y desconfianza, pues el presidente considera que la ausencia de bienes es prueba irrefutable de “honestidad”, se olvida que hay personas mal administradas y botarates, que malgastan los recursos propios y ajenos, quedando en la pobreza, aunque hayan percibido grandes fortunas, eso no los hace honestos, pues bien pudo tratarse de recursos ilegales que pasaron por sus manos y fueron malgastados.

Un poco fue el argumento del párrafo precedente, el que la presidencia utilizó para justificar la “honestidad” e “inocencia” de Delfina Gómez, ante el señalamiento por los “diezmos” en Texcoco, decir que no posee bienes como los que poseen los dueños del periódico El Universal y por tanto era honesta e inocente.

El presidente de la república, al iniciar su administración, decidió personalmente reducir el sueldo que percibiría a la mitad de lo que ganaba su antecesor y, con ello colocó en una situación complicada constitucionalmente a quienes ganaban menos que el presidente pero un poco más de la mitad, pues de manera repentina pretende obligar a reducir lo que legalmente se les paga, sin tomar en consideración preparación, trayectorias, antecedentes y derechos adquiridos al amparo de la constitución y de las leyes que de ella emanan.

La decisión de reducir el sueldo presidencial es un tema interesante, como para debatirlo públicamente, pues es importante desmitificar la figura, con relación a otros funcionarios públicos, pues la figura presidencial es una figura que desde su inicio en el encargo, el erario cubre sus gastos de vivienda, alimentación, vestuario, transporte, seguridad personal, servicios médicos y servicios personales y periódicos de análisis del estado de salud, entre otros para ejemplificar: la prueba semanal de detección de Covid-19; todos estos gastos no se le cubren a ningún otro funcionario del Estado Mexicano, no paga luz, teléfono, gas, etc. lo cual demuestra que su salario es utilidad neta, lo que no sucede con ninguna otra persona y no es barato, pues el presidente no ocupa ingresos para vivir en el tiempo que realiza su función, todo se lo cubre el erario.

Una vez dicho lo anterior, no se puede comparar el sueldo presidencial, contra los del resto de personas que trabajan para el Estado Mexicano, pues de entrada existe un desequilibrio en la comparación, contra quienes cubren de su salario todas las necesidades enunciadas, además del sustento familiar, pero se insiste en tener una nómina barata.

Otro de los rubros en los cuales se insiste para realizar de manera barata la construcción de obras públicas, es el uso de elementos del ejército mexicano, para construir obras, colocándoles en tareas de albañilería y alejando a la milicia de sus actividades de salvaguarda de la seguridad nacional.

Para abaratar los costos, se modificó el procedimiento para adquirir los medicamentos para el sector salud, y se generó una crónica falta de medicamentos en hospitales, viéndose obligados los familiares de los enfermos a adquirirlas con sus recursos, generando con ello empobrecimiento de las familias.

La obsesión por lograr una república barata lleva al desmantelamiento de programas y proyectos como el seguro popular, las estancias infantiles, la cancelación de 104 fideicomisos que atienden temas de ciencia, investigación, protección civil, atención a desastres, etcétera.

Pero en consonancia con el abaratamiento desmedido en todas las áreas, ha llevado a la condición de convertir a México en un país que solo puede competir por contar con un gran ejercito de trabajadores baratos a los que se les paga una ínfima parte, comparado con quienes realizan las mismas tareas en los países socios comerciales, al grado que tanto Canadá como los Estados Unidos han exigido que los obreros de la industria automotriz en los tres países sean aproximados, tema en el cual México se encuentra muy alejado de poder igualar, pues es una república barata para el pago de salarios.

Es tan terrible la visión que convierte en pecaminoso el poseer bienes, que se empieza a estigmatizar a las personas que mediante ahorros y sacrificios a lo largo de su vida, con decisiones acertadas de inversión y esfuerzo personal, llegan a construir un pequeño patrimonio; pues en la republica barata tiene más mérito quien tira su ingreso por la ventana y al final del día termina por encontrarse en la pobreza extrema por haber tomado decisiones irresponsables, por el solo hecho de no poseer bienes será mejor valorado en la conciencia de la republica barata.

Las consecuencias de la república barata, son el ejercito de connacionales que ante la falta de oportunidades emigran al vecino país del norte, en donde ejerciendo trabajos manuales, los peor pagados en ese país y, con sacrificios personales, logran enviar a sus familias que se quedaron en la republica barata, remesas de recursos en dólares, que se han convertido en una de las tres principales fuentes de ingreso y sostenimiento de este país, el cual nunca pudo ofrecerles un empleo con un ingreso decoroso pues aquí todo es barato, pero sin calidad.

La interferencia del Estado en la economía, se debe limitar a crear las condiciones de competencia perfecta y erradicar los monopolios y oligopolios, pero en la republica barata el Estado es empresario, banquero, petrolero, electricista, tortillero, subastador, etc., en la última aventura de la republica barata, se ha puesto a distribuir gas de menudeo y el resultado ha sido un incremento en el precio del gas y una huelga de sus propios trabajadores al primer mes, pues los contrataron más baratos de lo que el mercado de competencia en ese giro paga.

Habrá que repensar si lo que este país requiere son empleos, servicios y mercancías baratas o elevar la calidad, mejorar el servicio, eficientar las cadenas de producción, robustecer la ciencia, la innovación, la tecnología y la investigación, para competir con esos rubros de calidad y no solamente con la etiqueta de más barato.

Piénsenlo y cambiemos la republica barata por el país de la calidad, aún es tiempo. En lugar de ser el país que sobrevive con las remesas, podemos ser el país que vive de los empleos bien pagados que en él se generan y los impuestos que producen.

Que los mexicanos ya no estén esperando el apoyo del gobierno o la remesa del pariente, sino el salario que su trabajo devenga justamente: no a la republica barata.

¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por sus comentarios.

Contacto: eduardomtrujillo59@gmail.com


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