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T-MEC. Cámara de Diputados avala marco legal para dar vigencia al tratado

La Cámara de Diputados aprobó una serie de leyes necesarias para armonizar la entrada del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, el cual entrará en vigencia este 01 de julio.

Por: Redacción | 30 DE JUNIO, 2020

La Cámara de Diputados aprobó este martes cuatro leyes que armonizarán la entrada del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entrará en vigencia este 01 de julio. 

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ley de Infraestructura de la Calidad, Ley Federal del Derecho de Autor y la reforma para combatir la producción y venta ilegal de obras artísticas protegidas, forman parte de este paquete de leyes aprobado por los legisladores este martes, culminando el trabajo realizado hace unos días por el Senado de México. 

A continuación te presentamos los informes presentados por la Cámara de Diputados sobre la aprobación de cada legislación. 

Ley Federal de protección a la Propiedad Industrial

Con 367 votos a favor, una abstención y cero en contra, la Cámara de Diputados aprobó, en sesión presencial del período extraordinario, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La minuta señala que el objetivo es proteger la propiedad industrial por medio de la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Asimismo, regular los secretos industriales; prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles, y la difusión de los conocimientos tecnológicos en el país.

El proyecto, que abroga la Ley de la Propiedad Industrial, precisa que la patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación reconocida de la solicitud y estará sujeta al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad.

Se establecen infracciones administrativas a quienes realicen actos contrarios que impliquen competencia desleal; actos que causen o induzcan al público confusión, error o engaño; y desprestigio de los productos, servicios, actividad industrial o comercial.

Además, a quienes hagan parecer como productos patentados aquéllos que no lo estén y a la fabricación, elaboración, importación, venta, uso, circulación, imitación, almacenamiento de productos sin consentimiento del titular de la patente.

En el texto, se fijan multas hasta por el importe de 250 mil unidades de medida y actualización y multa adicional hasta por el importe de mil unidades de medida y actualización, por cada día en que persista la infracción.

La nueva ley señala como delitos la falsificación de una marca con fines de especulación comercial: producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas, así como aportar o proveer de cualquier forma materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones. A quienes cometan estos ilícitos se les impondrá hasta 10 años de prisión.

También se aplicará de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el delito, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.

El documento indica que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tendrá las facultades de tramitar y otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados complementarios, marcas, marcas colectivas o de certificación; publicar nombres comerciales, entre otras.

El Instituto determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia sanitaria o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo las enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, cuando de no hacerlo así se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

Se informó al pleno que con la finalidad de dar celeridad a la sesión y reducir cualquier riesgo de contagio, el contenido de las mismas será inscrito íntegramente en el Diario de los Debates. 

Ley de Infraestructura de Calidad 

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular por 367 votos a favor, cero en contra y una abstención, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con el objetivo de fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el marco del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad.

Lo anterior, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en esta ley.

Señala que sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el país, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Tiene la finalidad de promover la concurrencia de los sectores público, social y privado en la elaboración y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y los Estándares.

Además, establecer mecanismos de coordinación y colaboración en materia de normalización, Evaluación de la Conformidad y Metrología entre las Autoridades Normalizadoras, el Centro Nacional de Metrología, los institutos designados de metrología, organismos de acreditación y organismos de evaluación de la conformidad, las entidades locales y municipales, así como los sectores social y privado.

Propiciar la innovación tecnológica en bienes, productos, procesos y servicios para mejorar la calidad de vida en todo territorio nacional; impulsar la creación de mayor infraestructura física y digital para el adecuado desarrollo de las actividades de evaluación de la Conformidad.

En materia de metrología, establecer y mantener el Sistema General de Unidades de Medida, crear los institutos designados de metrología, y establecer lo referente a la metrología científica, legal y aplicada o industrial, así como fomentar y difundir actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología.

Con la finalidad de dar celeridad a la sesión y de reducir cualquier riesgo de contagio, se informó que las mismas y su contenido será inscrito íntegramente en el Diario de los Debates.

Aprobado en lo general y lo particular, se envió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Ley del Derecho de Autor 

En su primer periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, con 369 votos a favor, cero en contra y una abstención, la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de medidas tecnológicas de protección al derecho de autor.

Con ello, se armonizan las prácticas sociales en el uso de las tecnologías de la información y comunicación con los derechos de los autores, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, entre otros, con las mejores prácticas internacionales.

El documento enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, puntualiza que las obras protegidas deberán ostentar, además de la expresión “Derechos Reservados” o su abreviatura DR, el Número Internacional Normalizado que le corresponda. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley.

Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas; el acceso público por medio de la telecomunicación, incluida la banda ancha e Internet, y la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que se pueda acceder a éstas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

El derecho patrimonial sobre un programa de computación comprenderá la facultad de autorizar o prohibir cualquier forma de distribución del programa o de una copia del mismo, incluido el alquiler; la descompilación, los procesos para revertir la ingeniería de un programa de computación y el desensamblaje, y la comunicación pública del programa, incluida la puesta a disposición pública del mismo.

Infracciones y multas

El Capítulo V. “De las Medidas Tecnológicas de Protección, la Información sobre la Gestión de Derechos y los Proveedores de Servicios de Internet”, contiene infracciones de orden administrativo y considera el pago de daños y perjuicios por la manufactura, modificación, importación, exportación, venta o distribución de dispositivos que decodifiquen, sin autorización, las señales de programas o la asistencia a otros para la recepción de las mismas sin autorización.

Señala que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público, incluida la radiodifusión, de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actividad transmitida por radiodifusión.

Estipula que serán infracciones en materia de comercio las siguientes conductas realizadas con fines de lucro directo o indirecto, como comunicar, poner a disposición o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor.

También, el fijar, grabar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, comunicar, poner a disposición, transportar o comercializar copias de obras, obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley.

Se impondrá multa de mil hasta 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien produzca, reproduzca, fabrique, distribuya, importe, comercialice, arriende, almacene, transporte, ofrezca o ponga a disposición del público, ofrezca al público o proporcione servicios o realice cualquier otro acto que permita tener dispositivos, mecanismos, productos, componentes o sistemas que eludan la protección efectiva de las obras.

También se aplicará multa de mil hasta 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien eluda una medida tecnológica de protección efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegido por esta ley.

El proyecto contempla multa de mil hasta 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al Proveedor de Servicios en Línea que no remueva, retire, elimine o inhabilite el acceso de forma expedita al contenido que ha sido objeto de un aviso por parte del titular del derecho de autor o derecho conexo.

Las disposiciones transitorias establecen que el decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, el Ejecutivo federal tendrá un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor para llevar a cabo las adecuaciones reglamentarias necesarias.

Los artículos que se modifican de la Ley Federal del Derecho de Autor son: 10, 16, 17, 27, 106, 118, 130, 131, 132, 145, 148, 209, 213, 214, 215, 218, 230, 231 y 236; y adiciona los artículos 27, 106, 114 bis, 114 ter, 114 quáter, 114 quinquies, 114 sexies, 114 septies, 114 octies, 118, 131, 145, 148, 209, 230, 232 bis, 232 ter, 232 quáter, 232 quinquies y 232 sexies.

Se informó que se recibieron reservas a los artículos 114 quáter, 114 octies, 232 bis, 232 ter, 232 quáter, 232 quinquies, 236, 426 y 429 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El contenido de las mismas será inscrito íntegramente en el Diario de los Debates.

Reforma al Código Penal para el Combate a la Piratería 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas y adiciones a diversos artículos del Código Penal Federal en materia de grabación autorizada de obras cinematográficas, a fin de combatir la producción y comercialización ilegal de obras artísticas protegidas. Las sanciones que se impondrán serán de seis meses a seis años, y multa de 500 a mil días.

Con 364 votos a favor, una abstención y cero en contra, se avaló, en lo general y en lo particular, la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado de la República, en el primer periodo extraordinario de sesiones del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, para modificar los preceptos 168 Bis, 424 Bis, 426, 429, y 427 Bis, Ter, Quáter y Quinquies del Código Penal Federal y armonizarlo con el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que entra en vigor el primer día de julio. Se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Establece la tipificación de la actividad de descifrar o decodificar señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas. A quien transmita la propiedad, uso o goce de aparatos, instrumentos o información que descifren o decodifiquen señales, así como a quien reciba o distribuya una señal de satélite cifrada portadora de programas originalmente codificada, sin la autorización del distribuidor legal de la señal.

Asimismo, a quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación; transmita o realice una copia total o parcial de una obra cinematográfica protegida, exhibida en una sala de cine o lugares que hagan sus veces, sin la autorización del titular del derecho de autor o derechos conexos.

Además, a quienes aporten o provean de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros.

El documento establece que se castigará la fabricación, modificación, importación, distribución, venta o arrendamiento de un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portador de programas; a quien con fines de lucro realice cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, y a quien reciba o asista a otro a recibir una señal de cable encriptada portadora de programas sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.

La modificación al artículo 427 Bis tipifica la actividad, que, con fines de lucro, eluda sin autorización cualquier medida tecnológica de protección efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como autores de cualquier obra protegida por derechos de autor o conexos, y dispone que se sancionará con una “pena de prisión de seis meses a seis años y de quinientos a mil días de multa”.

La misma pena se aplicará cuando se fabrique, importe, distribuya, rente o de cualquier manera comercialice dispositivos, productos o componentes destinados a soslayar una medida tecnológica de protección efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como los autores de cualquier obra protegida por el derecho de autor o conexo.

Así como el ofrecimiento de servicios al público para este propósito; también por suprimir o alterar, por sí, o por medio de otra persona, cualquier información sobre gestión de derechos.

De igual forma, cuando se reparta o importe para su distribución información sobre gestión de derechos, a sabiendas de que ha sido suprimida o alterada sin autorización; además, para su transmisión, comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas, con conocimiento de que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

 


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