SFP investiga cuentas bancarias de Gabriela Guevara

El Órgano Interno de Control de la Conade habría detectado desvíos por más de 50 millones de pesos, en la dependencia que encabeza la ex atleta
Publicado: 03 DE JULIO, 2020



Desde hace algunos meses, medios de comunicación e incluso el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) han señalado una serie de desvíos por más de 50 millones de pesos por parte de Ana Gabriela Guevara, titular de ese organismo, quien ya están siendo investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).



De acuerdo con información de la periodista Peniley Ramírez en su columna del diario El Universal, la dependencia expidió una serie de oficios con el fin de indagar en las cuentas bancarias de la ex velocista, así como en las de otro par de sus funcionarios en la Conade.



La Secretaría de la Función Pública envió a los bancos una dirección particular de Guevara en una colonia de Nogales, Sonora, mientras que los otros dos funcionarios, investigados son el subdirector de administración, José Omar Hernández, y del subdirector general en la Conade, Sergio Monroy, quien también es uno de los colaboradores más cercanos de Guevara.



Los documentos, según Ramírez, están firmados por Luis Gutiérrez Reyes, quien es el subsecretario de combate a la Impunidad en la SFP, y fueron enviados a las instituciones bancarias por medio de la Comisión Nacional Bancaria, con el propósito de que informen acerca de sus movimientos, hipotecas, giros y cuentas de las personas investigadas.



El argumento que utilizó la dependencia para llevar a cabo esta investigación en los bancos fue que se encuentran realizando “una indagatoria en materia de evolución patrimonial”



Cabe recordar que tanto la ex atletla como los otros dos funcionarios tienen una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República interpuesta por la empresa veracruzana Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (CIMCSA) S.A. de C.V.



Las acusaciones son las de posible asociación delictuosa, cohecho, simular licitaciones, falsificación de documentos y lo que resulte. Esto tras presuntamente exigir cobros por la adjudicación de un contrato a CIMCSA por 16.9 millones de pesos.





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